Griñán y Zarrías piden nuevas pruebas para demostrar que el Parlamento andaluz validó el sistema de ayudas

Las defensas del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías han presentado en el Tribunal Supremo sendos escritos solicitando al instructor de la causa de los ERE, Alberto Jorge Barreiro, numerosa documentación dirigida a demostrar que el Parlamento andaluz validó el sistema de ayudas y rebatir el último informe de la Intervención General del Estado (IGAE).

En un amplio escrito de 54 páginas el abogado de Griñán, José María Mohedano, solicita en concreto la aportación de numerosa documentación que tendría que ser remitido al alto tribunal desde el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y también desde el Parlamento de Andalucía. Los mismos documentos los solicita la defensa de Zarrías en otro escrito remitido también al instructor.

A éste último le pide, en concreto, el envío "en el mismo formato en el que fue remitida, la misma y exacta documentación que el Consejo de Gobierno le remitió para la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos de los años 2000 a 2003, ambos inclusive.

Con ello, la defensa del expresidente andaluz pretende rebatir a los peritos de la IGAE, que defienden en su informe que se indujo a error al parlamento al elaborar las leyes de presupuestos, y demostrar que la finalidad de la partida presupuestaria a través de la cual se canalizaron las ayudas -el denominado programa 31L- "estaba claramente establecida desde un principio, y era totalmente conocida y aprobada por el Parlamento de Andalucía" cuando aprobaba dichas normas.

A través de la memoria del anteproyecto de ley, de las fichas presupuestarias, de la memoria de ejecución y de la cuenta general que se remitía a la cámara de cuentas quedaba nítidamente delimitado el proceso de transferencias de financiación con el objetivo de "mantener la política de ayudas a prejubilaciones en empresas con dificultades y atender las necesidades públicas de mantenimiento del empleo y del tejido productivo andaluz, a través de los acuerdos con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la subvención y ayuda a sectores y empresas con dificultades financieras", aduce.

Por lo que se refiere a otro de los documentos reclamados, un informe de la letrada jefe de la Cámara de Cuentas sobre fiscalización de las ayudas socio-laborales a trabajadores afectados por EREs, donde dicha funcionaria estableció un criterio "absolutamente coincidente" con los peritos de parte, cuyo informe rebate las conclusiones de la Intervención General.

DEFENSA DE ZARRÍAS

En su escrito, el abogado de defensor de Zarrías, Gonzalo Martínez-Fresneda, afirma que el exconsejero "no participó en ningún entramado corrupto" si bien no necesita promover la tesis de que el Gobierno de la Junta de Andalucía "pura y perfecta" como han manifestado otros imputados en sus respectivas declaraciones ante el juez Jorge Barreiro.

Según esta parte, "es evidente que la Junta, visto lo sucedido, pudo haver extremado sus cautelas, prevenciones y controles", y que lo que argumenta esta defensa es que Zarrías y su Consejería "no fue cómplice de las eventuales desviaciones de fondos que pudieron cometerse en la gestión de ayudas, ni participó en el montaje de ningún sistema a promover dichas desviaciones de fondos públicos".