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Homs indicó expresamente a uno de los contratistas que a su servicio no le afectaba la suspensión del TC

El actual miembro de la Diputación Permanente del Congreso, exconseller y exportavoz del Govern, Francesc Homs, indicó en noviembre de 2014 a una de las empresas contratadas para organizar la consulta independentista del 9-N que "su prestación no se encontraba afectada" por suspensión dictada por el Tribunal Constitucional.
Así se señala en el auto por el que el alto tribunal acordó el pasado 19 de mayo abrir causa a Homs dada su condición de aforado por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
Ese día también se adelantó que el Supremo ordena que la parte que afecta al expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y la que era consellera de Enseñanza, Irene Rigau, siga instruyéndose en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Este lunes se ha dado a conocer el auto de apertura de la causa, cuyo ponente es el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, que hace suya la exposición razonada del juez del TSJC al imputarle haber seguido con la publicación de anuncios institucionales de la jornada del 9-N, a resultas de la contratación a tal fin de la empresa Media Planning por parte de la Consellería de la Presidencia.
ADECUACIÓN DEL PABELLÓN EN MONTJÜIC
Considera que hay también indicios de responsabilidad contra él por el hecho de que los días 7 y 8 de noviembre de 2014, la entidad Fira de Barcelona, subcontratada por la mercantil Focus, contratada por su Departament, "adecuó el pabellón en Montjüic para instalar el centro de prensa en el que se ofrecerían los datos de la votación".
La decisión de la Sala coincide con la de la Fiscalía, que en su escrito señala hasta 15 indicios para sostener que los imputados por su implicación en la consulta del 9-N pretendieron "aparentar que el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios cuando en realidad no fue así".
"En las comunicaciones vía correo electrónico entre la Administración y los contratistas privados, muy en particular tras conocerse la efectiva impugnación gubernamental ante el Tribunal Constitucional, fue constante la utilización de términos ambiguos, indicaciones de confidencialidad o reserva, y la insistencia en el carácter "sensible" de la cuestión", señalaba la Fiscalía en su escritos.
Entre estos indicios, citan la contratación de un envío masivo de correspondencia oficial conteniendo información de la convocatoria, un suplemento a la póliza de seguro de AXA para el personal de la Generalitat, información en web oficial, formación en sedes oficiales de la comunidad autónoma, instalación de ordenadores portátiles, distribución de material para la votación o la apertura de centros educativos.
ÓRDENES AL CTTI
En relación con Homs, la Fiscalía señala que consta prueba documental, concretamente la carta que dirige al CTTI (Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información) de la Generalitat, a solicitud del Consejero Delegado de este organismo y ante la petición de instrucciones por una contratista T-Systems a la vista de la suspensión ordenada por el Constitucional.
"En dicha carta expresa su voluntad de seguir con las actuaciones e incluso hace referencia a la puesta a disposición del CTTI de los servicios jurídicos ante el posible incumplimiento por algún contratista de los trabajos encargados para la preparación y desarrollo de la votación del 9N, a modo por tanto de implícita advertencia de las consecuencias de un eventual incumplimiento", según la Fiscalía.