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Investigadores creen que empresas de imputados por fraude en cursos actuaban como "chiringuitos para cazar" ayudas

Diferentes comunidades autónomas, entre ellas Galicia, otorgaron solo a Fundefo ocho millones en seis años
Empresas de imputados por una supuesta trama de fraude en cursos de formación para captar ayudas de las administraciones públicas actuaban, según los investigadores, como "chiringuitos para cazar subvenciones", según concluyen los investigadores en el marco de la 'Operación Zeta'.
En concreto, indican en el sumario, al que ha tenido acceso Europa Press, que solo Fundefo, -empresa vinculada al empresario coruñés Gerardo Crespo, imputado, junto a otras seis personas por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones y/o estafa, malversación de caudales públicos y otros delitos conexos-, recibió un total de 8 millones de euros en seis años.
Según los investigadores, Fundefo habría sido utilizada como "medio empresarial para la obtención de ingresos del grupo empresarial de Crespo, así como para la recepción de cuantías en concepto de sueldos a favor de los patronos más relevantes, familiares y/o empleados que ejercían otras actividades" .
Así, concluyen que el "verdadero fin" de esta empresa sería "el lucro de estas personas", entre las que estarían, entre otras, Crespo y su mujer. Por otra parte, precisan que, entre los años 2006 y 2012, Fundefo recibió de la Xunta 3,1 millones de euros en "subvenciones/adjudicaciones".
A esta cuantía, se suman cantidades recibidas de las comunidades autónomas de Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Asturias, Castilla-León, Navarra, Canarias o Madrid "en otros cinco millones entre 2008 y 2012. "En total 8 millones, solo de procedencia pública en periodo de seis años", remarcan.
SIN "ACTIVIDAD REAL"
Mientras, de otras de las entidades promovidas por este empresario, la Asociación de Empresarios Discapacitados (AED), indican que carecía de "actividad real", pero que, sin embargo, "constan 16 contratos de arrendamiento en distintas provincias que se confeccionaron con la connnivencia clara de los arrendadores para aparentar despliegue a nivel nacional". Como dato, señala que no figuran "contrataciones", salvo en Galicia, una persona y otras siete en Madrid.
En concreto, considera que, supuestamente, desde empresas creadas por Crespo y también desde asociaciones de autónomos investigadas se actuaba como "chiringuitos para cazar subvenciones".
"Muchas asociaciones fueron creadas ilegalmente, dando porcentajes ilícitos a los subvencionados a cambio del desarrollo de las subvenciones, lo que motivo la revocación de planes por parte de la Consellería de Traballo", remarca.
FEAGA Y AZETANET
Por otra parte, tras las intervenciones telefónicas, concluyen, en el caso del presidente de la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga), Francisco Javier Pérez Bello, que, como asesor jurídico de la Confederación de Empresarios y Profesionales de España (Caype) "habría recibido 44.000 euros por servicios de asesoria juridica aparentemente inexistente".
Por otra parte, indica que Feaga fue beneficiaria de 2,1 millones de subvenciones de la Xunta desde 2007 hasta 2012 para actividades formativas subcontratadas, entre otras, por Azetanet, otra de las empresas del grupo de Gerardo Crespo.