Izquierda Unida se querella en la Audiencia Nacional contra constructores y cargos del PP por el 'caso Bárcenas'

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, ha presentado este jueves una querella en la Audiencia Nacional contra empresarios de la construcción y personas que han ocupado cargos de responsabilidad en el PP, como Luis Bárcenas, Federico Trillo, Ángel Acebes y Rodrigo Rato, en la que pide investigar la presunta contabilidad B del partido.

La querella, elaborada conjuntamente con la Asociación Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción y la Federación de los Verdes, se dirige contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y los que fueran responsables de organización, finanzas y asesoría legal del PP y exministros Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo, por supuestas comisiones irregulares al PP entre los años 2003 y 2008. De los querellados, Bárcenas, Crespo y García Pozuelo están ya imputados en la investigación sobre la trama 'Gürtel'.

Además, se dirige contra el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, que presuntamente donó a los populares más un millón de euros; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy, donante de 858.000 euros; Juan Manuel Villar Mir, ex presidente de OHL, que pagó más de medio millón de euros; Luis de Rivero, ex presidente Sacyr Vallehermoso, donante de medio millón euros; Alfonso García Pozuelo, de construcciones Hispánica, que pagó entre 250.000 y 300.000 euros; Juan Manuel Fernández, de Aldesa, también donante de entre 250.000 y 300.000 euros; José Mayor Oreja, de Construcciones de Fomento y Contratas, que pagó al menos 165.000 euros; Antonio Vilella, de Construcciones Rubau, que donó al menos 100.000 euros; Adolfo Sánchez, que habría pagado 98.500 euros.

A todos ellos les atribuyen los delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y asociación ilícita.

Entre otras diligencias, los querellantes piden llamar a declarar como testigos al presidente del Senado, Pío García Escudero; a Santiago Abascal, miembro de las Juntas Generales de Álava en representación del PP; al ex consejero de Salud de Navarra Calixto Ayesa; al ex diputado 'popular' Jaime Ignacio del Burgo; al diputado del PP Eugenio Nasarre y al ex presidente de Baleares Jaume Matas.

Asimismo, se solicita que la Tesorería General de la Seguridad Social aporte la vida laboral e historia de bases de cotizaciones de Luis Bárcenas entre los años 2009 y 2013; que el Tribunal de Cuentas envíe "copia auténtica" de las cuentas presentadas e ingresos declarados por el PP entre 1990 y 2009; así como que se requiera "urgentemente" a Fiscalía Anticorrupción "la integridad de los documentos y diligencias que haya practicado en su procedimiento".

Así, insta a judicializar las diligencias informativas abiertas por la Fiscalía ante el riesgo de que los delitos prescriban. "El esfuerzo realizado por el Ministerio Fiscal investigando los hechos denunciados habría sido estéril, apenas un placebo de orden político para atemperar la indignación social", agrega.

Según dice, de la contabilidad difundida hasta ahora resultan unos ingresos probablemente ilícitos por importe de 6.687.344 euros. A su juicio, la contabilidad paralela en el seno del partido supone una "clara" vulneración de la normativa de financiación de partidos políticos.

REGENERAR LA DEMOCRACIA

Cayo Lara ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación después de presentar la demanda ante el órgano judicial, que lo que buscan con esta acción es que "la justicia investigue, que se haga justicia" para así poder "regenerar la democracia" y para que la opinión pública pueda "creer definitivamente en la justicia".

Denuncian los pagos ilícitos -dádivas o sobornos_realizados por empresarios y particulares a varios miembros del Partido Popular, que fueron distribuidos a altos cargos de la formación política y miembros del Gobierno en, al menos, la Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia, Cataluña y Andalucía.

Los querellados creen que ese dinero tenía como objetivo incidir en políticas económicas favorables a los pagadores y que éstos pudieran obtener contratos públicos u otros favores de las administraciones públicas e incluso Ministerios gobernados por los 'populares'. Al tratarse de fondos públicos ocasionaron un perjuicio para las arcas públicas y pro tanto para los contribuyentes.

El descubrimiento de las cuentas bancarias abiertas en Suiza por el ex tesorero Luis Bárcenas arroja indicios de que los responsables de finanzas del partido estarían al frente de la 'red Gürtel' dedicada a recaudar pagos ilegales sin que ningún político del PP evitara o denunciara esta práctica desde la década de los 90.

PASIVIDAD Y PROTECCIÓN DEL PP

Los querellantes no ven "posible ni probable" que la fortuna millonaria amasada por Bárcenas sea fruto de su trabajo sino que creen que procedería de las actividades delictivas de la 'Gürtel'. "Los documentos contables atribuidos a Bárcenas aparentan con alto grado de verosimilitud y credibilidad la existencia de una contabilidad opaca en el Partido Popular", añaden.

Sospechan que el exsenador podría ocultar más activos en Canadá, donde hace unos días se ha desplazado supuestamente a esquiar, y recriminan que el PP ha mantenido hacia él "una actitud de protección" al "doblarle" el salario, financiarle en un principio el abogado, y mantenerle en el partido.

El 'modus operandi' consistía en sacar contratos a licitación u otorgados directamente burlando los procedimientos de libre concurrencia o en otorgarlos a empresarios o particulares que abonaban comisiones en concepto de dádiva o precio a los miembros de la 'trama Gürtel' inserta en el Partido Popular, un dinero que finalmente era repartido entre la cúpula política y entre distintos altos cargos, incluidos varios ministros en ejercicio.

Acusa a los querellados de defraudar a la "sociedad" al primar "exclusivamente su propio y desmedido afán de enriquecimiento frente al interés colectivo de la ciudadanía y de la Administración Pública, por el cual debían velar como gobernantes o miembros del partido del gobierno". A su juicio, la regularidad de los pagos induce a pensar que los receptores han estado "a sueldo" de distintas empresas, principalmente constructoras.