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La juez no desbloquea dinero a José Luis Olivas por no acreditar carecer de ingresos para necesidades familiares

Se les atribuyen delitos de corrupción por los créditos concedidos por Bancaja para financiar inversiones en el Caribe
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha rechazado que el expresidente de la Generalitat Valenciana y de Bancaja José Luis Olivas (PP) transfiera el dinero de tres cuentas bancarias que están bloqueadas para dotar de fondos a una abierta en Bankia, de la que se le permitió disponer de 3.428 euros mensuales y cuyo saldo se encuentra en la actualidad agotado.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha dictado un auto en el que deniega la petición del que fuera vicepresidente de Bankia, al indicar que "no puede ser atendida desde el momento en el que las cantidades embargadas deben servir para responder" a las eventuales responsabilidades civiles que se declaren en la causa en la que se investiga su gestión en Bancaja y Banco de Valencia.
Lamela, que recuerda que la cuenta de Bankia fue desbloqueada parcialmente por importe de 3.428,40 euros mensuales para sufragar gastos personales y familiares, señala que en su día podía tener "cierto sentido o fundamento" teniendo en cuenta que las medidas cautelares acababan de adoptarse.
Sin embargo, añade el auto, "en el momento actual no consta que el solicitante y su familia carezcan de toda clase de ingresos y de otros bienes con los cuales poder atender a sus necesidades básicas".
"Tampoco explica el recurrente por qué las cuentas bloqueadas constituyen su único haber con el que poder atender a las necesidades familiares, cuyos gastos alegó pero no acreditó, no pudiendo olvidarse las cuantiosas sumas de dinero que fueron distraídas como consecuencia de los hechos investigados", prosigue la magistrada.
A su juicio, traspasar ahora a esa cuenta el saldo de otras que se encuentran bloqueadas supondría el "desbloqueo sucesivo de todos los bienes bloqueados y, con ello, la medida cautelar adoptada quedaría irremediablemente sin contenido".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 investiga a Olivas por presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental, cometidos en la concesión de préstamos supuestamente fraudulentos por parte de Bancaja y Banco de Valencia al Grupo Grand Coral entre los años 2005 y 2010 para sufragar inversiones inmobiliarias en México.
Olivas, que está siendo también investigado por su gestión en Banco de Valencia --entidad que fue rescatada con 4.500 millones y acabó siendo vendida por un euro a CaixaBank en noviembre de 2012-- y por la fusión y salida a Bolsa de Bankia, fue puesto en libertad el pasado 1 de julio tras declarar por la 'operación Coral'.
El magistrado le impuso entonces la obligación de comparecer dos veces al mes en el juzgado más próximo a su domicilio, tras interrogarle por los créditos que Bancaja y el Banco de Valencia concedieron para financiar inversiones en el Caribe.
MÁS DE 500 MILLONES EN CRÉDITOS
Según la Guardia Civil, los préstamos financieros para seis operaciones inmobiliarias en el Caribe mexicano superaron ampliamente los 500 millones de dólares y ocasionaron un quebranto a las entidades financieros de 250 millones de dólares, según un informe del Banco de España.
Una vez recibida la correspondiente financiación, los adjudicatarios de los créditos desviaron más de 130 millones de dólares a Andorra y Suiza mediante una elaborada ingeniería financiera y la interposición de sociedades instrumentales.
La investigación se inició con una denuncia presentada en noviembre de 2013 por Bankia Habitat, que atribuyó a los antiguos administradores de Bancaja y Bancaja Habitat y a los empresarios Ferri y Baldó los delitos de apropiación indebida y administración desleal.
"OBVIO PERJUICIO ECONÓMICO"
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la entidad señala que Bancaja Habitat asumió un riesgo en concepto de financiación que ascendió a 597,24 millones de dólares (sobre un total de 784,41 millones de dólares), de los que ha devuelto 134,12 millones de dólares.
El riesgo que permanecía vivo en esas fechas "como consecuencia de la gestión de los antiguos administradores de Bancaja y Bancaja Habitat" en relación con los préstamos concedidos a Grand Coral alcanza los 467,17 millones de euros. Esta financiación ha tenido que ser provisionada por un importe de 292,84 millones.
Estas operaciones, según la entidad, provocaron un "obvio perjuicio económico" a Bancaja Habitat que se tradujo en "un notorio beneficio económico para" los socios industriales del Grupo Grand Coral, en referencia a Ferri y Baldó.
CRÉDITOS DUDOSOS POR MOROSIDAD
Durante la presidencia de Olivas, Bancaja concedió al menos dos créditos a la sociedad Grand Coral que debieron ser considerados "dudosos por razones de morosidad" desde 2010, ya que la refinanciación aprobada por la entidad "no cumplía con las normas" del Banco de España.
Así consta en el informe pericial elaborado por dos expertos independientes del Banco de España que analizaron la fusión y salida a Bolsa de Bankia, al que tuvo acceso Europa Press, que analiza también el préstamo sindicado de 520 millones de euros que la entidad presidida por Olivas aprobó el 29 de enero de 2010 para llevar a cabo "la refinanciación y reagrupación de la deuda viva" de dos sociedades del Grupo Grand Coral: Playa Paraiso Maya y Proyectos y Desarrollos Hispanomexicanos.
El análisis pericial, que se basa en un informe 'forensic' de auditoría, señala que Bancaja concedió estos créditos por "la incapacidad de las sociedades del Grupo Grand Coral de hacer frente a los vencimientos de las financiaciones".
El accionariado de Grand Coral estaba formado por Bankia Habitat (40%), Urbanika, SL (10%), Bacavum (sociedad propiedad del Banco de Valencia y la familia Calabuig, 15%), Iljafran (21%) e Inquan (14%). Estas dos últimas sociedades eran propiedad, respectivamente, de los empresarios Ferri y Baldó.