La Junta anima a las familias en riesgo de desahucio a ir a las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda

Así, en declaraciones a los periodistas, Cortés ha advertido de que desde su Consejería van a "continuar luchando contra los desahucios con todas las herramientas" a su alcance, "apurando al máximo" sus "competencias", recordando, en este sentido, que el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional (TC) por el Gobierno que preside Mariano Rajoy, contra diversos preceptos de la ley andaluza supone que momentáneamente la Junta no puede realizar expropiaciones de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social, ni tampoco sancionar viviendas vacías en manos de entidades financieras.

La consejera andaluza ha precisado que la ley recurrida y cuya aplicación suspende cautelarmente el Constitucional tras el recurso del Gobierno central, está en vigor desde el pasado 9 de octubre y ha permitido ya realizar 39 expropiaciones para evitar desahucios.

Por eso, según ha detallado Cortés, en paralelo al trabajo de las oficinas contra los desahucios, y en cuanto reciba la notificación del Constitucional de la paralización de la Ley (trámite automático una vez el Gobierno la recurre invocando el artículo 161.1 de la Constitución), la Consejería de Fomento y Vivienda solicitará al TC que no agote el plazo de cinco meses que tiene para decidir sobre el levantamiento o no de la suspensión cautelar de la Ley hasta que haya una sentencia firme.

Según ha afirmado Cortés, "la suspensión provoca una desprotección gravísima del derecho a la vivienda de todas las personas en problemas con su hipoteca, que se quedan vendidas. Además, en Cataluña funciona una Ley con preceptos similares a la de Andalucía, que también permite sancionar a los bancos por tener viviendas vacías", pero en ese caso el PP no recurrió la norma ante el Constitucional, de modo que, según ha señalado Cortés, resulta evidente que, "a las puertas del 28F (Día de Andalucía), el Gobierno quiere ningunear la autonomía de Andalucía".

En este sentido, Cortés ha subrayado que el recurso del Gobierno de Rajoy "provoca desahucios, facilita la especulación y encarece el acceso a la vivienda, las familias con problemas para pagar su hipoteca se quedan desprotegidas y a merced de las entidades financieras y los jóvenes que buscan independizarse lo tienen hoy más difícil que ayer", recordando en este punto la consejera que los propósitos fundamentales de la Ley son evitar el desahucio de familias en riesgo de exclusión social y promover la salida en alquiler de las más de 700.000 viviendas existentes en la comunidad autónoma.

En cualquier caso, Cortés ha destacado que, "a pesar de que el Gobierno haya forzado por las bravas la paralización cautelar de la Ley, sin aportar ni un solo argumento jurídico solvente, vamos a continuar trabajando por los mismos objetivos" y ha aludido a que las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda siguen siendo "una herramienta útil y eficaz de la Consejería para evitar desahucios".

NUEVAS ADHESIONES

Precisamente, la consejera ha firmado este viernes en Córdoba la adhesión de 12 nuevos ayuntamientos de dicha provincia al citado Programa, concretamente de Aguilar de la Frontera, Dos Torres, Iznájar, Luque, Moriles, Santaella, Valsequillo, El Viso, Villanueva del Duque, Villanueva de Córdoba, Zuheros y Cabra, además de la Mancomunidad de Municipios del Alto Guadalquivir.

En total, ya se han adheridos al Programa 44 ayuntamientos de la provincia cordobesa y 251 en toda Andalucía. Es decir, según ha concluido Cortés, "el bloque institucional contra los desahucios, que complementa al bloque social, es cada vez más fuerte", por lo que ha agradecido a los alcaldes firmantes su "compromiso y rebeldía".