Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Junta andaluza se remite al estudio de los servicios sociales del Ayuntamiento para los realojos de la corrala Utopía

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha remitido este martes a la baremación que realicen los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Sevilla de las familias que fueron desalojadas el pasado domingo de la corrala Utopía para saber si procede realizar algún realojo más aparte de los ocho que, hasta la fecha, se han producido.
Vázquez ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno --en la que no se ha hablado del "conflicto" protagonizado por PSOE-A e IULV-CA a raíz de estos realojos ni de un posible adelanto electoral como consecuencia de esta crisis de gobierno-- que la Junta hará "aquello que esté de acuerdo a la norma y dicten los servicios comunitarios" del Consistorio hispalense, que son a quienes les "toca hablar ahora" y "evaluar la situación real o no de exclusión social de estas familias".
"Cuando tengamos esa baremación, actuaremos", ha sentenciado el portavoz del Gobierno andaluz, quien, en todo momento, se ha remitido al acuerdo alcanzado en la madrugada del sábado entre PSOE-A e IULV-CA para subrayar que la decisión de suspender el realojo de estas otras nueve familias que habitaban en la corrala --junto a las ocho que sí se mantienen realojadas-- fue "una decisión colegiada de todos los miembros de este gobierno" al quedar "acreditado" que ninguna de estas nueve unidades familiares, que "volverán a ser baremadas", cumplían los "requisitos suficientes" para un realojamiento provisional.
Es por ello por lo que Vázquez ha insistido en que ahora depende de la baremación que hagan los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Sevilla el que estas familias sean realojadas o no. "Si en el transcurso de los próximos días o semanas se demuestra que están en riesgo real de exclusión social, lógicamente, los servicios sociales comunitarios actuarán en consecuencia", ha recalcado.
En esta línea, y tras confirmar que ayer 14 de abril la Junta "entregó un oficio" al Ayuntamiento de Sevilla para que pusiera en marcha el mecanismo de evaluación de estas familias, ha pedido celeridad a los servicios sociales comunitarios. "Es el Ayuntamiento de Sevilla quien tiene que tomar la decisión y sería conveniente que lo hiciera cuanto antes. Que actuara con rapidez y diligencia en la baremación", ha dicho Vázquez para puntualizar que se volverá a analizar la situación tanto de los miembros de las ocho familias realojadas como de las nueve cuyo realojo se suspendió al no acreditarse que tuvieran una situación real de exclusión ni menores a su cargo o personas con discapacidad.
A preguntas de los medios de comunicación sobre qué pasará si los servicios comunitarios del consistorio hispalense dicen que alguna de las familias ya realojadas no cumplen los requisitos, el portavoz ha señalado que hay que "dar crédito al trabajo de los funcionarios" y que la Junta nunca "va a poner en duda" su baremación.
"Lo que digan se va a tener en cuenta a la hora de actuar. Se ha pedido que baremen a las familias si están en riesgo de exclusión real o no. Y tomaremos las medidas que toquen en el momento que toquen", ha sentenciado.
EN BUSCA DE LA "JUSTICIA SOCIAL"
Los periodistas también han preguntado al portavoz del Gobierno cuántas llaves entregó IU a las familias que estaban acampadas a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla en la noche del pasado miércoles y que agravó la situación de crisis ya abierta por la mañana cuando Fomento anunció que realojaría a todas estas personas.
Vázquez ha dicho que desconoce el "número concreto" de llaves que se entregaron aquella noche pero que, en todo caso, a fecha de hoy, solo permanecen realojadas provisionalmente las ocho familias que han podido hacer "prevalecer" su circunstancia de tener menores o personas con discapacidad a su cargo.
Con todo, el portavoz ha reconocido que "seguramente se podía haber actuado mejor" aunque la "voluntad" del Gobierno ha sido siempre la de "hacer justicia social" y la de "no sembrar ningún tipo de dudas ante la ciudadanía" de que los realojos se han hecho conforme a la norma. De ahí, que haya afirmado que, "más allá del ruido que ha existido y de los errores que se han podido cometer", el Gobierno andaluz saca de todo este "conflicto" una "conclusión positiva".
También la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha incidido en que en todo este asunto hay que "diferenciar" entre las personas que son demandantes de una vivienda de protección oficial y aquellas que "han sido objeto de un desalojo en un momento determinado", que son a las que se le puede conceder un realojo que siempre es temporal, según ha querido destacar.
En esa línea, y tras advertir de que "no hablamos en este caso de acceso definitivo a una vivienda", ha asegurado que la actuación de la Junta de Andalucía ha respondido a su compromiso por "garantizar la equidad" entre los ciudadanos.