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Justicia y CGPJ ven las demandas de los jueces "asumibles"

El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, y la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, han considerado "asumibles" las reivindicaciones de las asociaciones de jueces y anunciaron que la mayoría de sus demandas ya estaban siendo objeto de estudio tanto el órgano de Gobierno de los jueces como en el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo. Esta semana deciden si van a la huelga el próximo 18 de febrero o si posponen el paro hasta el 26 de junio.
Pérez y Bravo han ofrecido una rueda de prensa para explicar los detalles de la reunión de la Comisión Mixta entre el Consejo y el Ministerio, en la que, según han anunciado, el primer punto del orden del día fue el documento emitido por las principales asociaciones de jueces, que otorgaron un plazo de seis meses al Gobierno para evaluar su compromiso en cuanto a la modernización de la Justicia antes de acudir definitivamente a una huelga (medida sin precedentes en la carrera judicial) el próximo 26 de junio. 
"Hemos llegado a la conclusión de que las reivindicaciiones son asumibles ya que fomentan la modernización y en todas ellas se estaba trabajando tanto en el CGPJ como en el Ministerio", ha explicado Bravo. También ha anunciado que el próximo día 30 el CGPJ aprobará un nuevo sistema de medición de esfuerzos, "instrumento esencial para redefinir la planta judicial y el número de órganos judiciales y jueces que se necesitan".
Por su parte, el secretario de Estado ha admitido que el hecho de que "los jueces estén bien pagados repercute en la mejora del sistema". "Nos preocupan los ciudadanos y que reciban un mejor servicio, hemos hablado de retribuciones porque algunas están siendo motivo de estudio, pero no hay prevista ninguna subida general este año", ha matizado Pérez antes de añadir que "esto no impide que el sistema retributivo de los jueces deba estudiarse y corregirse".
De momento, el Ministerio de Justicia ya se ha puesto a trabajar, y ha invertido 1.230.500 euros en una nueva aplicación informática para el Registro de Penados y Rebeldes, que estará operativa el próximo 27 de enero y que permitirá que los jueces puedan conocer de forma inmediata los antecedentes y la información sobre los penados. IM / CGS