Justicia pide ante la OCDE "fortalecer" los instrumentos transnacionales para combatir la corrupción

La representante española ha destacado especialmente la actividad legislativa llevada a cabo durante la pasada legislatura para implementar y desarrollar las medidas procesales y penales más adecuadas para combatir este fenómeno.

La subsecretaria ha recalcado la "plena adhesión" del Gobierno de España a la visión global de la Convención Anticorrupción de la OCDE. Concretamente, se ha referido a la inclusión en nuestra reciente legislación de la conducta de cohecho de agente extranjero como un delito específico.

Igualmente, especifica Justicia en un comunicado, "se ha mejorado la proporcionalidad de las penas, lo que ha supuesto una ampliación de los plazos de prescripción del delito y se ha perfeccionado el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas con la inclusión de empresas privadas y públicas".

SISTEMA DE COMPLIANCE

En relación con la incorporación del sistema de compliance, la subsecretaria de Justicia ha destacado la asunción de las recomendaciones de la OCDE sobre el concepto del debido control de las empresas articulado en torno a la autorregulación. Su finalidad es disuadir del posible delito mediante el incremento por parte de las empresas de su nivel de gestión, organización y control, según ha recordado Roldán.

"En consecuencia, el mandato legal de un programa de compliance contempla que la implementación por parte de la empresa de estos mecanismos, con su efectiva puesta en funcionamiento, podría determinar la exención o atenuación de la responsabilidad penal según los casos", ha comentado la representante española.

Este mandato, que ya es plenamente cumplido por nuestro país, constituirá uno de los ejes centrales de la cuarta ronda de evaluación de los países OCDE que comienza ahora. "España se coloca así en la vanguardia de los países que lideran la lucha contra la corrupción internacional", se ha congratulado Justicia.

Roldán también ha señalado como garantía de la eficacia de las nuevas normas penales el fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción y su papel de investigador en la fase prejudicial, la ampliación de la figura del decomiso según la reciente directiva de la UE al respecto y la constitución de una Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.