Una víctima del franquismo pide mañana a un Juzgado de San Lorenzo de El Escorial una exhumación en Valle de los Caídos

Purificación Lapeña presentará este jueves, 20 de noviembre, una demanda por la vía civil en los Juzgados de Primera Instancia de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) reclamando la exhumación del Valle de los Caídos de los cuerpos de su abuelo y su tío abuelo, fusilados durante la Guerra Civil.

La demanda, a la que tuvo acceso Europa Press, invoca la doctrina del Tribunal Supremo que ofrece a los familiares de las víctimas del franquismo la posibilidad de acogerse a la jurisdicción civil para identificar los restos mortales, regularizar su situación y darles "digna sepultura".

El abogado de Lapeña, Eduardo Ranz, solicita que el juzgado autorice la exhumación con el auxilio de técnicas del Instituto Nacional de Toxicología y la ayuda de expertos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, universidades u otros organismos.

Demanda la recuperación y entrega de los restos humanos a la familia de las víctimas para su debida inscripción en el Registro Civil y pide que se promueva un expediente de 'informaciones para la perpetua memoria' regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

DEBER DE RESTITUIR A LAS VÍCTIMAS

La defensa alega que la ONU declara el deber de restituir a las víctimas y es innegable que los familiares de Lapeña no han tenido oportunidad de ser compensados por el daño sufrido. "Asesinatos, detenciones ilegales y secuestro con fecha del 27 de julio de 1936 y el 20 de octubre de 1936, encontrándose las víctimas a día de hoy en una situación perpetuada en el tiempo y que es necesario poner fin", destaca.

Lapeña, que agotó la vía penal, explica en su escrito que su abuelo Manuel Lapeña era veterinario y su tío abuelo, Antonio Ramiro Lapeña, era herrero cuando desaparecieron en 1936. Su "único delito" fue fundar la CNT en la localidad zaragozana de Villarroya de la Sierra.

Tras ser ejecutados aquel año, los restos mortales de sus familiares fueron trasladados al Valle de los Caídos por orden del Ministerio de Gobernación en 1959. La demandante pide que se constate la muerte violenta y se proceda a identificarlos y entregarlos a la familia para que los puedan enterrar donde deseen.