El alcalde de Lugo recurre la nueva prórroga del secreto de sumario y critica que el caso se "eternice"

La defensa del alcalde de Lugo, el socialista José López Orozco, imputado en la Operación Pokémon, ha pedido a la Audiencia de Lugo que levante el secreto sobre las actuaciones que acaba de ser prorrogado por la instructora, y que ya dura 10 meses, pues el caso "se eterniza, en perjuicio del derecho de defensa de los imputados".

De este modo, en su recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, insiste en la necesidad de que se levante el secreto ante "el grave daño moral" que se está causando al regidor lucense --que califica de "irreparable"-- y al ayuntamiento y a la ciudad de Lugo.

En la primera de sus alegaciones, el letrado que ejerce la defensa de Orozco, Gregorio Arroyo, pone de manifiesto que el secreto de la Operación Pokémon afecta actualmente a "casi dos tercios de los tomos" bajo "la permanente cantinela" de que se están practicando diligencias cuyo conocimiento por las partes "podría frustrar el éxito de la investigación".

"Dicho con el mayor de los respetos, lo único que se está frustrando a lo largo de casi tres años de instrucción (...) es el derecho de defensa de mi representado, manteniéndole bajo sospecha durante tan dilatado período de tiempo", sentencia el abogado a respecto de la imputación del primer edil de Lugo.

Asimismo, cuestiona el carácter "importante y urgente" de esas diligencias, pues "parece que siguen sin practicarse" pese a la "rutinaria y sistemática prórroga, sin más argumentos, mes a mes" del secreto de sumario desde el pasado mes de octubre de 2013.

"CENTRARSE"

En este escenario, la defensa de Orozco recomienda a la instructora "centrarse más en esas diligencias tan importantes y urgentes" para así "acercar más la fecha del levantamiento total del secreto y "descuidar un poco otros extremos" como las investigaciones relacionadas en "muchos puntos de la geografía nacional".

Y es que, de lo contrario, se crea "una auténtica causa general que va extendiendo sus tentáculos a lo largo del territorio", que provoca "problemas de archivo de la documentación" y evita que "se vislumbre, no ya el posible levantamiento del secreto de las actuaciones, sino la conclusión final" del caso.

Así, pone en duda que la instrucción "pueda concluir en un plazo razonable" mientras da por hecho que "se va a eternizar, en perjuicio del derecho de defensa de todos los imputados".

"Solicitamos de la Audiencia que requiera nuevamente, como ya hizo en resoluciones anteriores, a la instructora, para que concrete qué diligencias tan urgentes e importantes están pendientes de practicarse, y se conceda un plazo razonable para su realización", demanda.

Para argumentar su solicitud, el abogado recuerda que el fiscal jefe de Lugo, en su escrito de adhesión parcial a su petición el pasado mes de julio, defendió como "razonable" no mantener "ignorantes de aquello que les incumbe directamente" a los imputados que "han dejado de ser el centro de atención de la investigación".

"CIERTA DESORIENTACIÓN"

A renglón seguido, el letrado solicita conocer si los folios que siguen bajo secreto afectan a Orozco y qué está haciendo la jueza con "ese complejo, exhaustivo e indiscriminado material probatorio" que se ha llevado del Ayuntamiento de Lugo.

En este sentido, pregunta si esa documentación está sirviendo para "buscar otros delitos" y "por qué" Pilar de Lara pide "con mucho interés a cada imputado que declara que le cuente todo lo que sepa sobre el alcalde de Lugo".

"Da la impresión de que no se están investigando hechos, sino personas", censura, antes de poner de manifiesto que aprecia "cierta desorientación" en "la conducta del juzgado".

"FALTA DE MOTIVACIÓN"

La última alegación del abogado de Orozco habla de "falta de motivación de la resolución recurrida", haciendo hincapié en que no cree "suficiente" los argumentos de la magistrada.

"El derecho a la no indefensión requiere, como condición esencial, que el secreto de las actuaciones judiciales venga objetiva y razonablemente fundado", recuerda, y sostiene que esta resolución "no cumple los cánones constitucionales sobre la debida motivación de esta medida restrictiva del derecho de defensa".

Por todo, solicita a la Audiencia que revoque el auto y acuerde alzar el secreto de las diligencias, o que requiera a la instructora que indique "qué diligencias son tan urgentes e importantes y por qué no se han realizado".