El auditor de Mercasevilla que pidió la imputación de Monteseirín asegura que fue "engañado"

Hay que recordar que, en un escrito elevado al Juzgado, el imputado pidió el archivo parcial de la causa, lo que fue apoyado por la Fiscalía, y, en caso de que dicha petición no se estime, que la juez cite a declarar "en la condición que procesalmente proceda" a todos los integrantes del Consejo de Administración de Mercasevilla en el cargo en fecha 17 de febrero de 2009, entre ellos el exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE).

El 17 de febrero de 2009, según señaló en este escrito el auditor, "el Consejo de Administración formuló y firmó las cuentas anuales y tras su formulación, en la misma sesión, aceptó 'el cese'" del director general, Fernando Mellet, "por razones personales", mientras que ese mismo día, el presidente del Consejo, Alfredo Sánchez Monteseirín, y el consejero delegado, Alfonso Mir, firmaron una 'carta de manifestaciones' a los auditores según la cual, "desde la fecha de cierre de las cuentas anuales hasta la fecha de esta carta, no ha ocurrido ningún hecho que pudiera afectar significativamente a dichas cuentas anuales y que no esté reflejado en las mismas".

Según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, el auditor ha subrayado, en relación al Consejo de febrero de 2009, que "se reflejó en el acta que el cese" de Mellet "era por motivos personales, e incluso hubo felicitaciones", añadiendo que "nadie les dijo ni en esa fecha ni hasta la emisión de su informe los motivos reales por los que fue cesado", aunque "la propia Alcaldía en posterior comunicado ha reconocido la existencia de grabaciones sobre hechos que eran muy graves y que debería haber dado lugar a comunicación" al imputado "y a no formular las cuentas el 17 de febrero".

Ha añadido que, "básicamente, la información que da lugar al cese del director son unas grabaciones de sobra conocidas en las que se pedían unas comisiones por parte de Mercasevilla, pero también había comisiones sobre los ERE de Mercasevilla", un hecho que "hace que el escenario cambie radicalmente", de manera que "lo primero que hay que hacer es comunicárselo al auditor e iniciar un procedimiento forense antes de iniciar las cuentas anuales para ver si hay o no un impacto en las cuentas".

"PATAS ARRIBA"

Tras explicar que la 'carta de manifestaciones' "es una carta que es pilar fundamental de la confianza que se puede depositar en una entidad; la prueba de la buena fe que hay con el auditor", el imputado ha puesto de manifiesto que la empresa "debe iniciar ese procedimiento forense para poner patas arriba la sociedad en relación a las cuentas anuales, porque el solo hecho de la pérdida de confianza en la persona que tiene los poderes en la empresa, ello 'per se' ya tiene la suficiencia relevante".

"Si los administradores nos informan de que por ejemplo en las escuchas hay referencias a comisiones en los ERE, a partir de ahí las puede haber en otros temas", ha declarado el imputado, que ha dicho que "lo normal es que haya colaboración desde dentro de la sociedad donde ocurren esas cosas" y ha defendido que el equipo de auditoría "hizo las pruebas que eran idóneas y razonables, pero no podían saber de circunstancias desconocidas que hubieran dado un giro muy importante y se podían haber ahorrado muchos problemas".

José Ignacio Alonso Rivero, en su ampliación de declaración, ha tachado de "indignante" que "ningún administrador del PSOE, ni PP, ni Mercasa, ni nadie nos dijo nada de los motivos por los que se acordaba el cese" de Mellet, "y tuvieron que enterarse al igual que el resto de los ciudadanos por la prensa", y ha insistido en señalar que si la 'carta de manifestaciones' "le hubiera puesto de manifiesto la realidad de la sociedad, hubiese realizado en su informe de auditoría salvedades y el resultado hubiese sido completamente diferente" y "se habría realizado un procedimiento forense".

"LAMENTABLE"

"La 'carta de manifestaciones' contribuyó enormemente al engaño del equipo de auditoría", ha subrayado el imputado, que ha calificado de "lamentable" que la Junta de Accionistas aprobara las cuentas el 1 de abril "dejando que el auditor anteriormente presentara su informe sin ponerle en su conocimiento lo ocurrido".

En su escrito, el imputado pidió a la juez la declaración de los miembros del Consejo de Administración, ya que resultan "sorprendentes" las versiones ofrecidas por "algunos" encausados respecto a los hechos, los cuales "contravienen y faltan a la verdad" en un marco "auto-exculpatorio en el que no se duda en utilizar a los auditores como 'paraguas' o 'presunto salvavidas' en los que residenciar culpas".

También han comparecido este jueves ante la juez Alaya los peritos de la Agencia Tributaria, que han ratificado la ampliación del informe pericial realizado en la causa en el que muestran sus "dudas" sobre la realidad de otras seis facturas pagadas a empresas del entorno del 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT-A Juan Lanzas.

INFORME PERICIAL

En esta ampliación del informe, los peritos analizan seis facturas pagadas por Mercasevilla en los años 2004 y 2007 a las empresas Informagina System, Primagina y Canpen Postforma por un importe total de 172.111,64 euros, señalando que estas sociedades "parecen estar vinculadas" con Ismael Sierra o con su hermana, Patrocinio Sierra, esposa de Lanzas.

"La vinculación se pone de manifiesto porque mantienen relaciones comerciales con otras empresas vinculadas a estas personas, porque participan en el capital social o, en fin, porque aparecen como autorizados en las cuentas bancarias", dicen los peritos en la ampliación del informe.

Los peritos, por todo ello, "tienen dudas sobre si servicios facturados a Mercasevilla por las entidades relacionadas con Ismael Sierra y Juan Lanzas fueron realmente prestados", precisando que estos servicios "fueron contabilizados y abonados" por el merca, de manera que si en el marco de la causa de los ERE irregulares "quedase probada la falsedad de las facturas, su reflejo contable en Mercasevilla como mayor valor de su activo sí alteraría la situación patrimonial" de la sociedad mixta a 1 de enero de 2009.

"Ello supondría que si Mercasevilla no recibió nada a cambio del pago de estas facturas, su activo fijo material habría quedado indebidamente incrementado en el importe de las facturas contabilizadas", y a la misma conclusión "se llegaría si recibió a cambio algún tipo de servicio, ya que en este caso debería haberse contabilizado como gasto y no como mayor valor del activo", finaliza el informe.