El interventor de Moraleja de Enmedio alertó a la Guardia Civil de las "tropelías" en Mancomunidad del suroeste

El interventor de Moraleja de Enmedio alertó por escrito en abril de 2015 a la Guardia Civil de la corrupción que presidía el comportamiento de varios cargos públicos de la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid y en especial del exalcalde de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada, a quien describe como un hombre sin estudios responsable de una red corrupta que habría cometido "todo tipo de irregulares y tropelías" y del que se rumoreaba que era jugador y con "puti-club privado" en la discoteca Fabrik cercana al municipio.

Este documento, que obra en el sumario del "caso Púnica" al que ha tenido acceso Europa Press, se justifica en el interés de ese funcionario en alertar a las autoridades de los hechos que conocía en el ejercicio de su puesto cinco meses después de que en octubre de 2014 estallara el escándalo con la detención del exsecretario del PP Francisco Granados.

En su escrito, aseguraba que en los catorce años que él estuvo bajo la jerarquía de Estrada tanto el Ayuntamiento como en la Mancomunidad pudo constatar la comisión de delitos de prevaricación, fraude de subvenciones, malversación, negociaciones prohibidas, cohecho, acusación y denuncia falsas, tráfico de influencias, falso testimonio y falsedad documental.

"Espero al menos haber despertado interés en el asunto, dado que podría acreditarse la conexión entre algunos de los imputados en la operación Púnica y otras personas y entidades que por el momento no parece que tengan relación con ella, pero que una adecuada investigación desvelaría, sin duda", señalaba el funcionario, que alertaba además de que la posibilidad de que otras detenciones de la trama en localidades cercanas llevara a estas personas a destruir o esconder pruebas.

LA "MECÁNICA DEL POLÍTICO"

En su misiva, el interventor apuntaba los nombres de algunas personas que resultaron posteriormente imputada o acabaron declarando ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, como son los exalcaldes de Torrejón de Velasco -Gonzalo Cubas- y Serranillos del Valle -Antonio Sánchez y Olga Fernández.

"La mecánica del político es siempre la misma", según relataba el funcionario en su misiva, "rodearse del equipo de personas con la que alcanzar sus objetivos" y hacer "de su capa un sayo" para "enriquecerse por la vía del ejercicio del poder menospreciando a los ciudadanos y delinquiendo a más no poder".

Así, advertía a la Guardia Civil de que Moreja de Enmedio, con tan sólo 5.000 habitantes, era el cuarto municipio más endeudado de la Comunidad de Madrid y el vigésimo segundo en este ranking en España, y que la Mancomunidad arrastraba una deuda que rondaba en dichos momentos los 700.000 euros.

El escrito carga especialmente contra Estrada, de quien el denunciante señala que en 1999 y sin terminar la carrera de Geológicas, con tan sólo 28 años llegó a la Alcaldía de Moraleja y desde entonces ha ejercido el poder político sin interrupción.

Apuntaba que Estrada tiene una casa, un Mercedes de aproximadamente 60.000 euros, una moto BMW de unos 18.000 euros, ha hecho cursos de piloto de vuelo, "se rumorea que jugaba y que ha estado desintoxicándose en una clínica por consumo de cocaína y que tiene (o tenía) su 'puti-club' privado en la discoteca Fabrik". A ello se añade la tenencia de un arma corta -que le fue posteriormente intervenida-.

Entre las corruptelas que le atribuye, y que Estrada mismo le relató según su relato, cita haber tenido financiación presuntamente ilegal para las campañas electorales locales. Decía también tener pruebas de "contrataciones a dedo, facturas sobre-valoradas, empresarios que cobraban IVA a tipos impositivos superiores a los legales; personal enchufado para devolver favores a empresarios amigos, subvenciones para inversiones empleadas en gasto corriente (...) falseamiento de asientos" e intentos de que el secretario certificase falsamente para justificar subvenciones prohibidas.

Este funcionario fue suspendido provisionalmente por Estrada en marzo de 2012 y denunciado en vía penal -causa que quedó sobreseída- y tras su vuelta al Ayuntamiento afirma que recabó "infinidad de pruebas" sobre la comisión de los delitos que en ese momento denunciaba. Uno de los contratos de adjudicación denunciado alcanzó los 50.000 euros.