El comité de la base de Morón teme que EEUU prescinda de las empresas españolas para las obras de reforma

El comité de empresa de Vectrus, la sociedad que gestiona los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa, ha manifestado su "certeza" en cuanto a que la transformación de esta base en centro permanente para las fuerzas estadounidenses de intervención en África no conlleva contraprestaciones directas en materia de empleo, avisando también de la posibilidad de que Estados Unidos prescinda de empresas españolas a la hora de acometer la ampliación y reforma del recinto militar.

El presidente del comité de empresa de la base de Morón, José Armando Rodríguez, el portavoz del comité, Javier Domínguez, y el secretario general de la sección de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT-Sevilla, Manuel Ponce, han celebrado este lunes una rueda de prensa para evaluar la tesitura que atraviesa el enconado conflicto de la base de Morón, cuya plantilla española ha sufrido 240 despidos desde 2010.

Y es que el pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobaba una nueva enmienda al convenio de cooperación para la defensa firmado en 1988 entre España y Estados Unidos, al objeto de que esta base militar cuyo uso comparten ambos países funcione como cuartel permanente de las fuerzas estadounidenses para la intervención en África. Mediante esta enmienda al convenio de cooperación de 1988, el contingente estadounidense pasará de los aproximadamente 850 infantes de marina y 17 aeronaves que acoge actualmente la base, a un despliegue permanente de 2.200 militares, 500 civiles y 26 aeronaves.

TRES ERE DESDE 2010

Esta notable ampliación del contingente estadounidense llega en un contexto en el que la plantilla española de la base de Morón, dedicada a las labores de mantenimiento y logística, ha sufrido desde 2010 un total de 240 despidos a manos de Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), la empresa antecesora de Vectrus en el contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa para la gestión de los servicios civiles de esta base. En concreto, VBR promovió tres expedientes de regulación de empleo (ERE) en 2010, 2013 y 2014.

Los líderes del comité de empresa, en ese sentido, han insistido en que el paulatino crecimiento de la presencia militar estadounidense en la base de Morón ha cabalgado en paralelo a los despidos colectivos sufridos por la plantilla española. Porque una y otra vez, la plantilla ha denunciado una estrategia predefinida de Estados Unidos para "sustituir" progresivamente a los trabajadores españoles por personal estadounidense o directamente por militares sus tropas. "Obama está reduciendo el paro en Estados Unidos a nuestra costa", ha ironizado José Armando Rodríguez.

La plantilla, por eso, reclama que la transformación de la base en sede permanente de las fuerzas militares estadounidenses de intervención en África y la ampliación del contingente americano traigan consigo la readmisión de los trabajadores despedidos y la equiparación de las condiciones de la plantilla con las de los trabajadores de Rota (Cádiz) y del resto de bases estadounidenses en Europa, lo que implica su transformación en "personal laboral local".

Pero los trabajadores tienen la "certeza" de que la nueva enmienda al convenio de cooperación en materia de defensa firmado entre España y Estados Unidos no incluye obligaciones para Estados Unidos en materia de empleo. "Lo que se recoge en el convenio es exclusivamente lo que pide Estados Unidos", han lamentado reclamando que los gobernantes y el conjunto de la clase política "se moje" de una vez y "defienda" a los trabajadores frente a las políticas de Estados Unidos.

LOS CONTRATOS DE LA BASE

Mientras la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (PP), ha defendido públicamente que gracias a este nuevo convenio Estados Unidos invertirá 29 millones de dólares para adecuar las infraestructuras de la base de Morón a la ampliación de su contingente y que tal extremo tendrá un impacto en la economía y el empleo de la zona, José Armando Rodríguez ha sido escéptico. Y es que según avisa, queda en manos de Estados Unidos decidir "si esos contratos se los llevan o no empresas españolas", toda vez que las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa se rigen por criterios puramente "neoliberalistas" y "hasta el agua mineral se la traen de Letonia".

Así, han advertido de que las contraprestaciones por las "servidumbres" militares que España presta a Estados Unidos no pueden traducirse simplemente en el dinero que los militares estadounidenses dejan "en los bares o restaurantes" de la zona o en "cuatro alquileres" de vivienda. "Tenemos que volver a los niveles de empleo de 2010", ha dicho el presidente del comité de empresa reclamando además una "homologación" de la plantilla para la mejora de sus condiciones laborales.