La juez Núñez archiva la causa contra dos exaltos cargos imputados por las ayudas de los ERE a la Sierra Norte

En un auto fechado el día 17 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla atiende de este modo la solicitud de archivo planteada por los abogados de la ex asesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa y del exdirector general de Finanzas del antiguo IFA Pablo Millán.

En este sentido, la instructora dice que "no hay indicios de la participación" de Pablo Millán, en su calidad de director de Finanzas de la agencia IDEA, "en la trama urdida para otorgar de manera sistemática ayudas" al grupo de empresas de José Enrique Rosendo y José María Sayago, "sitas mayoritariamente en la zona geográfica" de la Sierra Norte.

Asimismo, la juez asevera que, "aunque como señala la Junta consta sin duda la participación" de María José Rofa en la gestión en los pagos de determinadas ayudas, "sin embargo no existen indicios de que dicha participación fuera dolosa y más allá de la mera actuación como técnico" de la Dirección General de Trabajo.

ANTICORRUPCIÓN APOYÓ EL ARCHIVO

La Fiscalía Anticorrupción, en un escrito consultado por Europa Press, no se opuso a archivar provisionalmente la causa contra Pablo Millán una vez analizada la documentación aportada por los letrados de la Junta de Andalucía relativa al pago de 100.000 euros a la empresa Sodelp.

En el caso de María José Rofa, tampoco se opuso alegando que, en esta fase inicial de la investigación, "no hay indicios de su dolosa participación en su condición de técnico de la Dirección General de Trabajo en la concesión sistemática de las ayudas al grupo de empresas antes reseñado y las decisiones posteriores sobre los pagos pendientes".

Esta pieza separada fue abierta el 14 de abril de 2016 por la juez María Núñez y va dirigida contra 16 personas, entre ellas los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, y Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del ex presidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.

PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN

La juez, que considera que podrían haber incurrido en delitos de prevaricación y malversación, relata que Rosendo y Sayago habrían constituido un "numeroso" grupo de empresas, "estrechamente interrelacionadas entre sí, en el que muchas de ellas carecían de actividad y trabajadores, siendo su objeto real la percepción de ayudas de la Junta de Andalucía y el trasvase de sus fondos a otras sociedades".

De esta manera, añade la instructora, se posibilitaría "mediante este número de sociedades interpuestas que el grupo controlado" por Sayago y Rosendo "percibieran, en connivencia con responsables de la Junta de Andalucía, fraccionadamente y de modo coordinado, múltiples subvenciones, evitando en muchos casos con las cuantías de las ayudas sobrepasar los límites competenciales de la Consejería de Empleo y en su caso del Consejo Rector de IFA/IDEA".

La juez indica que el total de las ayudas ascendió a 34 millones de euros y precisa que, "de estos 34 millones, existieron resoluciones de ayudas" por parte de los exdirectores de Trabajo Juan Márquez y Francisco Javier Guerrero por importe de 27.928.772 euros, "suscribiéndose convenios con IFA/IDEA para materializar estas ayudas por importe de 16.461.132 euros".

Al hilo de ello, señala que las sociedades referidas estaban divididas en tres grupos, el primero de los cuales estaba constituido por la entidad municipal del Ayuntamiento de El Pedroso Sodelp (Sociedad de Desarrollo Local El Pedroso), de la que José Enrique Rosendo sería vicepresidente y José María Sayago consejero delegado, "habiendo sido ambos concejales" de este Ayuntamiento, y por las entidades Construcciones y Urbanismo Sierra Norte y La Jarosa Desarrollo Turístico Sierra Norte, "en las que el socio único era Sodelp".

SOCIEDADES SIN TRABAJADORES NI ACTIVIDAD "APARENTE"

En el segundo grupo, la entidad matriz sería Arcadia Emprendedora (actualmente Negocio y Economía 24H), una entidad "sin trabajadores y sin aparente actividad, más que desde ella controlar al resto de sociedades", a la que se sumarían otras sociedades como Tierra Virgen de Alimentación, Restaurantes Andaluces de Calidad, Capital Andaluz Siglo XXI e Ibérica de Exportaciones y Transacciones.

"Gran parte de estas sociedades, como Capital Andaluz, Arcadia, Tierra Virgen, Ibérica de Exportaciones, Corral del Conde, MSM Montanera de Jabugo, Sael, Maestrazgo, carecerían de trabajadores y de actividad aparente", asevera la magistrada, que añade que existen otras sociedades que "cuando recibieron la resolución de subvención no tenían trabajadores, como Alimentos Tradicionales o Al Ballut".

Finalmente, el tercer grupo estaría constituido por la sociedad cooperativa SAT Virgen del Espino, cuyo presidente, Eduardo Lora Ruiz, "tendría vinculaciones a través de sus órganos sociales con ciertas sociedades antes mencionadas de Rosendo y Sayago, como Matadero, Al Ballut, Maestrazgo, Sael, Sociedad de Servicios y Envasado".

Según la instructora, tanto Rosendo como Sayago "controlarían" estas sociedades de tres formas, como son por su pertenencia a los órganos sociales, por pertenecerles bien directamente o a través de las sociedades vinculadas la mayor parte de las participaciones sociales, "siendo los verdaderos dueños de las mismas", o por estar autorizados en sus cuentas, "especialmente en las que recibieron las ayudas".

LA HIJA DE VIERA

Seguidamente, la juez analiza las subvenciones recibidas por hasta 18 de estas sociedades, entre ellas la de 2,6 millones concedida a Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI, donde destaca que, "de los escasos trabajadores que tuvo esta empresa, uno o dos al mismo tiempo, estuvo empleada la hija del consejero de Empleo Sonia Viera, contratada desde abril de 2003 a mayo de 2004, llegando a cobrar en un año 48.189,45 euros como supuesta 'responsable de comunicación del grupo'".

En esta empresa también "estuvo contratado Jesús Caballos, hijo del presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, desde marzo o abril de 2004, y en ocho meses como director de marketing cobró 34.892,49 euros", pone de manifiesto la juez, que a lo largo del auto resalta el hecho de que, "de manera reiterada, las necesidades financieras de las empresas de los imputados son solventadas mediante subvenciones públicas".