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La juez de la Operación Zeta cita a otras 25 personas en calidad de investigadas

Figuran tres cargos públicos en el momento de los hechos, dos de la Xunta y uno del Sepe
El Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña ha acordado citar, en el marco de la 'Operación Zeta' -que investiga un supuesto fraude en cursos de formación para obtener subvenciones públicas- a 25 nuevas personas en calidad de investigadas, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), tras el auto notificado este viernes a las partes.
Por otra parte, la juez concluye sobre la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype) -cuyo presidente, Eliseo Calviño, figura entre las casi 30 personas imputadas hasta la fecha en esta operación (antes del cambio legal a investigado)-, que el informe de la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Tributaria, "no puede ser más demoledor".
En este sentido, sostiene que no hay registro ni documento alguno que "acredite" la actividad definida en sus estatutos y que se pueda concretar en la consecución de fines de interés general. Indica, además, que "los ingresos por cuotas de asociados son inexistentes y los que se contabilizan como donaciones no se aplican a fin social alguno".
La magistrada entiende que se confirma "la nula representatividad" de la Confederación y se constatan los medios empleados "para simular" su implantación en todas las comunidades autónomas.
En el auto, se recuerda que "la investigación policial había constatado que Azetanet -perteneciente al empresario Gerardo Crespo, que también declaró en condición de imputado- no solo era, en relación a Caype, una consultora contratada para la ejecución de acciones formativas, sino que era ella misma la que desarrollaba la actividad peticional y de gestión de la misma, incluido el control de sus supuestas sedes".
NUEVOS INVESTIGADOS
Por ello, la jueza acuerda la citación en calidad de investigados de "quienes prestaron su colaboración para la constitución de sedes ficticias y que suscribieron contratos de arrendamiento y de trabajo a tal fin, con el objetivo de ser receptoras de acciones formativas con las que obtener beneficio económico".
Se trata de 21 personas que serán citadas por su presunta participación en un delito de estafa agravada, fraude de subvenciones y falsedad documental.
La jueza ha acordado también la citación en calidad de investigados de tres cargos públicos en el momento de los hechos, dos de la Xunta de Galicia y otro del Servicio Público de Empleo Estatal, como presuntos autores de un delito de prevaricación.
Al respecto, indica que se basa no solo en "los datos objetivos ya apuntados en relación al examen de los expedientes administrativos en que intervinieron, que revelan una total dejación en la verificación de los requisitos de concesión y de justificación del gasto" sino también en la existencia de "indicios de connivencia con los principales actores de la trama delictiva".
El listado de nuevos investigados finaliza con otra persona como presunto autor de un delito de tráfico de influencias. Además, en el auto hecho público este viernes, se hace constar la citación de 23 testigos.
CAYPE, "APROPIACIÓN" DE MÁS DE 4 MILLONES
En la resolución, se sostiene que Caype "se constituye como un mero artificio cuya finalidad última es la indebida apropiación de fondos públicos, falseando la información relativa a su estructura y la relativa a la justificación del gasto".
De esta forma, según los informes obrantes en la causa, "el engaño le permitió acceder a fondos públicos por importe superior a los cuatro millones de euros" presuntamente obtenidos de manera fraudulenta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Xunta de Galicia, la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del País Vasco y de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo del Servicio Riojano de Empleo.
FUNCIONAMIENTO CON AZETANET
Con respecto a Azetanet, concluye la magistrada que se ha verificado la forma en que se instrumentalizaban los acuerdos de devolución descritos en los archivos localizados en esta empresa.
En concreto, señala que se hacía en forma de cheques y préstamos que Caype no reflejaba en su contabilidad. "Se ha descrito pormenorizadamente la cuantificación y destino de las cantidades detraídas" que, según señala, supera la suma de 2.812.000 euros. "Todos ellos procedentes de fondos públicos porque Caype no tenía otros ingresos", apunta.
La jueza concluye el auto advirtiendo que no se procederá al señalamiento de las declaraciones, incluidas las de aquellos contra los que se dirigió el procedimiento con anterioridad, "en tanto no haya sido escaneada la totalidad de la documentación para garantizar así el derecho de defensa".