Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

El PP rechaza que el Congreso cite como experto en anticorrupción al exdiputado 'popular' que admitió sobresueldos

El PP rechaza la propuesta que ha hecho UPyD para que exdiputado 'popular' Jorge Trías Sagnier, que reconoció públicamente la existencia de sobresueldos en el partido, acuda al Congreso para exponer sus recetas anticorrupción dentro de la ronda de comparecencias de expertos que desfilarán ante la Comisión Constitucional para plantear medidas de regeneración democrática.
Según han informado a Europa Press fuentes 'populares', cuando los grupos parlamentarios acordaron citar a expertos en estas materias se dio por hecho que no se llamaría a ninguna persona que haya estado relacionada con asuntos que están en los tribunales, como es el caso de Trías Sagnier.
Este es el argumento que utilizará el partido mayoritario para rechazar formalmente la sugerencia de la formación magenta. Trías, que fue diputado del PP entre 1996 y 2000, escribió un artículo en 'El País' en enero de 2013 en el que admitía la existencia de sobresueldos y la existencia de una contabilidad 'B' en el partido de Mariano Rajoy.
Trías Sagnier, que en su día había representado legalmente a Javier Gómez de Liaño, actual abogado de Luis Bárcenas, tuvo que comparecer después ante la Audiencia Nacional para ratificar las afirmaciones de su artículo ante el juez Pablo Ruz, quien investiga los casos 'Gürtel' y 'Bárcenas'.
La formación magenta pidió que Trías compareciera ante la Comisión Constitucional en calidad de experto en Derecho y en financiación de partidos políticos, habida cuenta de que fue ponente del PP para la reforma de la Ley de Financiación de partidos que se discutió durante su etapa como diputado, en la primera legislatura de José María Aznar.
PP, PSOE Y CIU PROPONEN 13 NOMBRES
De hecho, el nombre del abogado catalán es el único que ha propuesto la formación magenta para esta ronda de comparecencias, mientras que el PP y el PSOE han sugerido cinco nombres cada uno y CiU ha sugerido tres.
En su lista de comparecientes, el PSOE propone empezar citando el primer día a un fiscal adscrito a la Fiscalía Anticorrupción que dirige Antonio Salinas. A partir de ahí, sugiere los nombres de tres catedráticos --Pablo Santolaya Machetti (constitucionalista miembro de la Junta Electoral Central), Marcos Vaquer (Derecho Administrativo) y Jacobo Dopico (Derecho penal)--, así como el director de CIMPO (Instituto de Investigación de Mercados y Opinión Pública), el sociólogo Fernando Conde, y Emilia Sánchez-Pantoja, representante del Foro +Democracia que lidera el exministro Jordi Sevilla.
Por su parte, el PP ha propuesto que la Comisión Constitucional escuche de nuevo a dos de las personas que ya comparecieron el año pasado durante la tramitación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno: el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, y el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) adscrito al Gobierno, Benigno Pendás.
También incluyen en su listado a dos catedráticos de Derecho Constitucional --Eloy García López y Pedro Tenorio--, otros dos de Derecho Administrativo --Germán Fernández Farreres y Andrés Betancor Rodríguez-- y al profesor de Derecho Penal Javier Gómez Lanz.
De su lado, CiU ha propuesto al director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alonso; al catedrático de Derecho Administrativo Agustí Cerrillo y al responsable del Departamento de Laboral de Barcelona de J&A Garrigues, el abogado Rafael Ortiz Cervelló
EN JUNIO SE DISCUTEN PROPUESTAS
La celebración de estas comparecencias es la primera fase del plan de trabajo que el Gobierno y los grupos parlamentarios acordaron el pasado 19 de marzo en una reunión convocada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría con vistas a explorar un pacto de Estado contra la corrupción.
A partir de ahí se acordó que los grupos parlamentarios presentaran sus propuestas sobre los expertos que debería citar el Congreso a lo largo del mes de abril. El plan es recibir a una decena de ellos después de Semana Santa para, a partir de junio, tratar de pactar una serie de medidas que se tramitarían como iniciativas legislativas en el último trimestre del año.