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PP pospone explicaciones de Interior en el Congreso por la Ley de Seguridad hasta que informen CGPJ y Consejo de Estado

El PSOE censura que el ministro pretenda que los ciudadanos ejerzan sus derechos constitucionales "previo pago" de las tasas judiciales
El PP ha avanzado este martes su rechazo a la petición del PSOE de convocar una sesión extraordinaria de la Comisión de Interior para que el ministro del ramo, Jorge Fernández Díaz, detalle en el Congreso la futura Ley de Seguridad Ciudadana recordando que aún no se han pronunciado los órganos consultivos, en concreto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado.
Así se ha pronunciado el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, Alfredo Prada, durante la Diputación Permanente --el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones--, que ha debatido una solicitud del primer partido de la oposición para que Fernández Díaz informe en sede parlamentaria de las actuaciones que tiene previsto adoptar en relación con la futura norma.
Sin embargo, Prada ha dejado claro que no procede que el titular de Interior explique en la Cámara una norma que en estos momentos está "en fase de informes" y ha censurado que de nuevo el PSOE, al igual que en la interpelación que sobre esta cuestión dirigió a Fernández Díaz a finales de noviembre, esté "despreciando" el mandato que los españoles concedieron al Gobierno para realizar las reformas que entiende "necesarias".
"NO ES UN CAPRICHO"
El dirigente 'popular' ha asegurado que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana "no es un capricho" del Ejecutivo y ha afeado a los socialistas que tengan dificultad de creer en la división de poderes por haber "amenazado" con recurrir la futura norma ante el Tribunal Constitucional cuando ni siquiera se había aprobado el anteproyecto.
"Cuando la ley salga de la Cámara será oportuna, modélica y constitucional", ha garantizado Prada, antes de apuntar que entonces "se hará realidad" lo que el ministro señaló en su interpelación de noviembre: "Madina acabará pidiendo perdón por las barbaridades que hasta la fecha ha manifestado en relación con esa norma".
De esta forma respondía el responsable 'popular' al secretario general del Grupo Socialista en la Cámara Baja, Eduardo Madina, quien volvía a reiterar algunas de las manifestaciones realizadas durante la interpelación al titular de Interior a propósito de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Así, ha censurado la que ha denominado Ley de "Represión" Ciudadana por su "obsesión" por perseguir la protesta pacífica, porque es "una barbaridad legislativa" que tiene un tono preconstitucional "inaceptable" y por la "enorme peligrosidad" que conlleva el hecho de que el ministro pretenda que los ciudadanos ejerzan sus derechos constitucionales "previo pago" de las tasas judiciales de su "amigo" y ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
En términos similares se ha expresado el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, quien también percibe "tintes de inconstitucionalidad" en un anteproyecto sobre el que existen "muchas dudas" sobre el principio de seguridad jurídica, sobre la proporcionalidad entre las infracciones y las penas y sobre una destipificación que juzga "excesiva".
"LA LEY DE LA PORRA"
Parecidos argumentos ha dado el ponente de CiU, Jordi Jané, quien ve necesaria la comparecencia de Fernández Díaz en la Cámara Baja ante "el rechazo social", la "alarma" y las "dudas" que algunos de los contenidos de esa ley que, a su juicio, sólo estará justificada si pivota claramente sobre el derecho de manifestación "y lo adapta a las nuevas necesidades".
También han mostrado su apoyo a la solicitud del PSOE los grupos parlamentarios de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA). El portavoz de este último, José Luis Centella, ha criticado que Fernández Díaz trate de imponer "la Ley de la Porra" o "Ley de Orden Público" para "contentar" a la extrema derecha y para "obligar" a la ciudadanía a asumir los postulados del PP "con la excusa de la crisis". "El ministro debería asumir la necesidad de buscar soluciones y no de alentar conflictos y criminalizar la protesta", ha dicho.