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El PP aboga por que diputados citados a declarar y su asesor Lledó "sean suspendidos de empleo y sueldo"

El PP en la Diputación de Valencia ha reclamado a los diputados citados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a declarar como investigados por el caso Imelsa a que "sean suspendidos de empleo y sueldo" por "cuestión de higiene democrática", aunque considera que no deben renunciar a su acta sino delegar sus competencias "hasta que se levante el secreto de sumario". Respecto a su asesor Francisco Lledó --exedil del PP en el Ayuntamiento y ya investigado judicialmente-- ha abogado por aplicar "acciones similares".
Así lo ha expresado en rueda de prensa la portavoz popular en la corporación, Mari Carmen Contelles, acompañada por representantes provinciales, respecto a la citación por la UCO al vicepresidente tercero de la Diputación, Emili Altur (Compromís); la vicepresidenta cuarta y consejera de Imelsa, Rosa Pérez Garijo (EU); y el exportavoz provincial del PSPV y hasta hace pocos días jefe de gabinete, José Manuel Orengo.
Al respecto, Contelles ha lamentado que dos vicepresidentes "se vean implicados" y ha expresado su "rechazo" a "cualquier caso de corrupción venga de las filas políticas que venga". En su opinión, esta citación "demuestra que son casos ligados a personas y no a partidos políticos".
Por tanto, ha defendido la importancia de una respuesta "rápida, tajante y contundente" de la Diputación con la "suspensión de empleo y sueldo" de los investigados y ha instado a que si los respectivos grupos no lo llevan a cabo "que lo haga el presidente de la corporación, Jorge Rodríguez".
Preguntada por si el grupo popular ha acordado actuar de forma similar con Francisco Lledó --que ha comparecido esta semana ante el juez y ha asegurado que "todos" los concejales hicieron donaciones--, la portavoz ha insistido en que "lo prudente es esperar", aunque ha avanzado que contactará esta semana con el presidente provincial para "tomar una decisión si sigue investigado" y así "cerrar el tema".
En concreto, ha abogado por abrirle también un expediente de "suspensión de empleo y sueldo hasta que se levante el secreto de sumario" y "restituirlo si se demuestra que no hay delito".
LES PIDE LA "MISMA CELERIDAD"
En esta línea, Mari Carmen Contelles ha reclamado a los grupos de la corporación provincial que "apliquen la misma celeridad que pedían hace semanas", en referencia a su reacción a las investigaciones a cargos municipales populares en la Operación Taula, y se ha preguntado "¿cuánto más van a tardar en suspenderlos de empleo y sueldo?".
"Respetamos la presunción de inocencia y entendemos que los diputados no deben dimitir, solo delegar las competencias hasta que se levante el secreto de sumario porque es lo más respetuoso", ha reivindicado.
"NO ES ÉTICO DESAUTORIZAR A LA UCO"
Por otro lado, la portavoz popular ha criticado la reacción a su citación como investigada de la diputada de EU --que la ve "indignante" y cree que es una "maniobra de despiste"--, porque en su opinión, "no es ético ni estético que una vicepresidenta desautorice a la UCO". Al mismo tiempo, ha denunciado que la respuesta de Rodríguez al respecto --de "indignación y sorpresa"-- "cuestiona la labor de la justicia".
Contelles ha subrayado así el "importante trabajo" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en esta operación, tras lo que ha apostillado que "la única mano negra es la de los corruptos".
Finalmente, respecto a si el grupo provincial popular tiene conocimiento de que se ha citado a todo el Consejo de Administración de Imelsa, ha declarado que no le "consta" y que les "han confirmado" que el diputado provincial Toni Gaspar (PSPV) "no está llamado". "Si la UCO les ha llamado, algo habrá en el sumario que desconocemos", ha asegurado.