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PP dice que "esclarecer la verdad" de cursos de formación "depende de Junta" y que "empujará" a Díaz para que colabore

La portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Carmen Crespo, ha advertido este jueves de que su grupo seguirá "empujando" para que la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, "colabore aportando la documentación necesaria" de modo que la comisión parlamentaria de investigación sobre los cursos de formación sea "rigurosa" y los casos "no prescriban" en el juzgado instructor.
"Esclarecer la verdad en este tema de vital importancia depende de la Junta de Andalucía en estos momentos, de que envíe la información, no sólo a la comisión, sino también al juzgado porque hay posibilidad de prescripción con algunos casos que son importantes", ha señalado en relación al entramado empresarial vinculado al ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco.
Crespo, quien ha insistido en que el archivo parcial de diligencias relacionadas con Velasco se debe a que la Junta "no ha enviado al juzgado la documentación", ha insistido en el que el PP-A seguirá "empujando" en aras de que se "esclarezca" la "verdad" de unos hechos que, según ha remarcado en declaraciones a los medios en Almería, "ha producido mucho daño, no sólo a las arcas de la Junta".
"Es un dinero de todos los andaluces que tienen que ver con la formación y el empleo, ambos temas tan importantes para los parados en una tierra con diez puntos de desempleo por encima de la media nacional", ha remarcado.
Ha recordado que la Junta "sólo" ha enviado a la comisión de investigación parlamentaria, a la espera del siguiente bloque de comparecencias que van a protagonizar los jefes de servicio, 31 de 109 expedientes. "Si queremos ser rigurosos en esa comisión tiene que llegar la documentación y Díaz tiene que colaborar", ha insistido.
Crespo ha concluido asegurando que, al término de las declaraciones de los interventores, se ha "puesto de manifiesto" el "descontrol" que existe en las ayudas concedidas y "la poca revisión de estas con los pocos medios materiales y humanos" de los interventores, así como "la posibilidad de menoscabo de fondos públicos como evidencian informes actuales".