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El PP dice no sentir "la más mínima tristeza" por la imputación de la infanta

Niega injerencias del Gobierno y por ello rechaza que Montoro y Gallardón deban dar explicaciones al Congreso
El PP admite que la imputación de la infanta Cristina no le causa alegría, pero subraya que tampoco le produce "la más mínima tristeza" y ha apelado a la acción de la Justicia, en la que, según recalca, el Gobierno no ha interferido, por lo que no hay razón para que los ministros de Justicia y de Hacienda, Alberto Ruiz Gallardón y Cristóbal Montoro, deban dar explicaciones en el Congreso, como reclama la oposición.
Con esa argumentación ha rechazado el PP las comparecencias de Gallardón y Montoro que reclamaban Izquierda Plural, BNG y ERC en el Congreso y que fueron apoyadas por el PSOE y UPyD. Estos grupos querían que el ministro de Justicia explicase la actuación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado en el caso Urdangarín y que el titular de Hacienda diera cuenta de los informes de la Agencia Tributaria sobre la infanta.
El diputado del PP Agustín Conde, presidente de la Comisión de Defensa, ha rechazado las comparecencias alegando que el Congreso "no puede inmiscuirse en las actuaciones del Poder Judicial", que en su opinión está actuando en este caso sin interferencias del Gobierno.
Según ha asegurado, el PP no siente "ni alegría ni pesadumbre" por la imputación de la hija menor del Rey --"No nos produce alegría, pero tampoco la más mínima tristeza", ha llegado a decir--, pero está convencido de que, desde el Príncipe de Asturias para abajo, la ley es igual para todos.
LA IMPUTACIÓN NO ES UNA CONDENA
Además, Conde ha remarcado que "un auto de imputación no es en modo alguno una condena" porque "nadie es culpable mientras no se demuestre lo contrario". "Serán los tribunales los que podrán dictar, en su caso, la condena", ha apostillado.
Siguiendo con su argumentación, si el Gobierno no ha interferido en este caso y la igualdad ante la ley está garantizada, "¿para qué se llama a comparecer a los ministros, qué responsabilidad se les puede exigir?".
A su juicio, el Gobierno responde ante el Parlamento por lo que hace o por lo que no hace debiendo hacerlo, pero en ningún caso por no hacer cuando la ley le obliga a no intervenir, y en este caso "el Gobierno tiene la obligación de no interferir y la ha cumplido". Y si ha habido algún funcionario que no ha actuado adecuadamente, lo tendrán que determinar los tribunales, ha añadido.
La comparecencia de los ministros ha sido defendida por el presidente de Izquierda Plural, Cayo Lara, quien considera que este tema ha puesto de manifiesto que "hay que recorrer un camino tortuoso" para imputar a una infanta.
En su opinión, los informes de la Agencia Tributaria "sólo pretendían favorecer a la infanta" mientras que la Fiscalía y la Abogacía del Estado se han dedicado a "anteponer los intereses de sectores poderosos, como la banca y la familia real, al interés público".
También pedían la comparecencia la portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, que ve demostrado que hay "dos varas de medir" en el Gobierno, y el diputado de Esquerra Joan Tardà, que ha pedido que los ministros "den la cara" porque "lo presuntamente robado era dinero público".
LA OPOSICIÓN RECLAMA EXPLICACIONES
La demanda de explicaciones ha sido respaldada por la portavoz de UPyD, Rosa Diez, que no cree "de recibo" que no haya habido explicaciones por parte del Gobierno, pero no sobre cómo debe o no comportarse la Familia real, sino "para dar cuenta de la actuación de sus ministerios".
El PSOE lo ha apoyado porque, según ha dicho su portavoz de Hacienda, Pedro Saura, desde que Montoro está en el ministerio se han cometido "chapuzas varias" que han llevado a que muchos españoles piensen que no todos los españoles son iguales ante la Hacienda pública y que hay un trato "más liviano" a los poderosos.
Por contra, los nacionalistas de CiU han decidido desmarcarse y no apoyar la citación de los ministros alegando que estando el caso bajo instrucción judicial, lo "prudente" es esperar. "Podemos entender algunas argumentaciones pero, por prudencia, es aconsejable aislar el proceso judicial del debate parlamentario", ha dicho Jordi Jané.