PSOE exige a Gallardón poner en marcha el nuevo Registro Civil gestionado por funcionarios y acabar con la "confusión"

El PSOE ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados por la que insta al Gobierno a llevar a cabo las "actuaciones e inversiones" que sean necesarias para que entre en vigor en julio el Registro Civil que fue aprobado por el Ejecutivo socialista, garantizando la gratuidad y encomendando su gestión a los funcionarios públicos.

En una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas instan al Ejecutivo a garantizar el carácter "público, universal y gratuito" del Registro Civil, después de conocerse que ha barajado encomendarlo a los Registradores para que "exploten empresarialmente cobrando un arancel a los ciudadanos" sus "datos más íntimos".

Así las cosas, el principal grupo de la oposición emplaza a "evitar situaciones de inseguridad" para los ciudadanos y para los cuerpos de funcionarios públicos que están siendo afectados por la "indefensión y confusión", que se prolonga, dice, desde que se conoció el primer borrador del Ministerio de Justicia.

ENTRADA EN VIGOR EN TRES AÑOS

El Grupo Parlamentario Socialista recuerda que la ley 20/2011 del Registro Civil tenía una 'vacatio legis' de tres años, por lo que entrará en vigor el próximo mes de julio. Con anterioridad a su aprobación, se invirtieron 128 millones de euros en la digitalización e informatización de los registros.

Esta norma, que fue aprobada por "consenso y con el voto del PP", creaba un registro individual para cada persona --con un código personal-- y apostaba por un Registro Civil "único para toda España, informatizado y accesible electrónicamente" gestionado por funcionarios públicos distintos a los jueces.

En este punto, los socialistas censuran que el Ministerio de Justicia, dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, evalúe otros colectivos alternativos para su gestión y frustre así las "legítimas expectativas" de los empleados públicos, quienes pueden ser "recolocados" en otros juzgados. La oposición defiende además que los secretarios judiciales tienen una formación acreditada, con el consiguiente "ahorro" para los ciudadanos.