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El PSOE de Murcia acusa al PP de "racismo y xenofobia" por "cobrar a los 'sin papeles' por la Sanidad"

La diputada regional socialista, Teresa Rosique, ha acusado al PP de "racismo y xenofobia" ante el anuncio del Gobierno central de "cobrar a los 'sin papeles' por la Sanidad", lo que a su juicio supone "un ataque frontal hacia las personas más vulnerables, negando un servicio tan básico y necesario como la sanidad a los que menos recursos tienen".
"El PP demuestra una vez más lo poco que le importan las personas", según ha señalado Rosique tras hacerse público que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad "pretende que los inmigrantes sin papales paguen 710 euros anuales por la asistencia sanitaria, más de 1.800 euros si son mayores de 65 años", según informaron fuentes del PSRM en un comunicado.
"Exigimos al Gobierno del PP que deje a un lado el racismo y la xenofobia y que asegure las prestaciones sanitarias a los inmigrantes, con independencia de su situación legal, de acuerdo con las recomendaciones del Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas", ha indicado la diputada socialista.
La responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista se ha mostrado convencida de que con esta medida "muchas personas quedarán sin atención sanitaria, suponiendo no sólo un atentado contra los derechos de los ciudadanos sino también contra la salud pública".
Rosique ha lamentado y condenado las declaraciones del portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quien aseguró este miércoles que en épocas de crisis "hay que hacer políticas que sirvan para disuadir y eliminar elementos que puedan servir de atractivo para la entrada o permanencia" de inmigrantes ilegales en España, como la Sanidad completamente gratuita.
La diputada socialista le ha respondido que "parece que el Partido Popular quiere deshacerse de los inmigrantes, demostrando el sectarismo y racismo de su política. No podemos permitir que se regrese al sistema anterior a la Ley General de Sanidad de 1986. No podemos dar marcha atrás tras haber conseguido tener un sistema sanitario público y de calidad que ofrece atención sanitaria como derecho ciudadano universal".
Rosique ha argumentado que la exclusión de los inmigrantes en situación irregular "supone un retroceso en los Derechos Humanos y una medida injusta socialmente".
Además, ha añadido que "supondrá un ahorro poco relevante en términos de reducción del déficit y, sin embargo, su impacto en términos de salud será enorme, en especial, para pacientes en tratamiento por cáncer, hemodiálisis y otras enfermedades crónicas, cuya continuidad dependerá ahora de su capacidad de renta para poder costearlos", ha denunciado.
"En nuestra Comunidad Autónoma, el Gobierno regional calcula que los inmigrantes es situación irregular son unos 33.000, y diversos estudios apuntan a que el gasto que genera la atención sanitaria a estos inmigrantes es mínimo", señala Rosique.
De hecho, añade que la Comunidad Autónoma de Andalucía calcula que el gasto de atención sanitaria a inmigrantes en esta situación ronda en torno al 0,68 por ciento de su gasto sanitario. Por tanto, cree que "no se justifica, ni siquiera en términos económicos, el recorte en derechos que Rajoy ha realizado con ese Real Decreto", ha apuntado Rosique.
La responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista ha recordado el anuncio de Comunidades Autónomas como Cataluña, País vasco, Asturias y Andalucía, que han anunciado que no retirarán la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular y ha concluido informando sobre la presentación de una moción por parte del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional para que el Gobierno regional "haga lo mismo y mantenga la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes".