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El PSPV recurre el auto de sobreseimiento de la causa del Plan Rabasa para Alperi y Ureña

El PSPV de la ciudad de Alicante ha presentado este martes un recurso contra el auto del juzgado de Instrucción número 6 de Alicante, en el que se acordaba el sobreseimiento provisional de la causa por el Plan Rabasa respecto al exalcalde Luis Díaz Alperi y la exsecretaria autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente y presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña, por presuntas irregularidades en la tramitación del planeamiento.
Los abogados del PSPV consideran que, frente al argumento del instructor de que no queda acreditada la implicación de Alperi en delito alguno, en esta fase inicial del procedimiento, en la que no se han iniciado las declaraciones de los denunciados-imputados, "es suficiente con los indicios que establecen la probabilidad de implicación".
Además, los socialistas aseguran en su recurso que el informe policial al que hace referencia el auto recoge una serie de hechos "en los que interviene Díaz Alperi y, en menor medida, María Ángeles Ureña, que revisten carácter ilícito".
Para el PSPV, existen unos hechos "incuestionables" como los "continuos contactos" con el constructor imputado Enrique Ortiz "para favorecer la instalación de Ikea en Rabasa". De hecho, los socialistas sostienen en un comunicado que el informe policial, tal y como apunta el propio ministerio fiscal, "acredita la continuidad de Alperi como activo defensor del Plan Rabasa, según va conviniendo su concreción a Enrique Ortiz".
El recurso sostiene que "un ejemplo de ello es el viaje a Oporto que realizaron Sonia Castedo y el propio Díaz Alperi para reunirse con los directivos de Ikea". "El juez instructor estima como oficial dicho viaje cuando lo cierto es que Alperi ya no era alcalde de la ciudad y, por tanto, no ostentaba competencia oficial sobre la tramitación del Plan Rabasa. Es decir, que se trató más bien de un viaje con un carácter más oculto y clandestino que oficial", argumenta.
Los letrados socialistas consideran que "existen evidentes indicios delictivos racionales derivados del informe policial". "El mismo informe en el que se ha basado el juez instructor para imputar y llamar a declarar a varias personas, por lo que idéntico criterio debería servir para Díaz Alperi y María Ángeles Ureña", zanjan.