Patrimonio Nacional cuenta con dos Ferrari regalados al Rey y al Príncipe pero el Gobierno no da detalles sobre su uso

En la respuesta que ha remitido al coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, quien se interesó por el destino de los dos vehículos, el Ejecutivo se limita a señalar que en su sesión del 19 de junio de 2012, el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional aprobó la integración como bien de Patrimonio Nacional de los dos Ferrari.

Además, en su contestación, que recoge Europa Press, el Gobierno recuerda que la Ley de Patrimonio Nacional establece que tienen la calificación jurídica de bienes del Patrimonio Nacional los de titularidad del Estado "afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen".

Sin embargo, el Ejecutivo ha optado por no responder al resto de preguntas que le había planteado el líder de IU, alegando que las posibles reformas normativas e iniciativas a las que aludía Lara en su escrito "no están incluidas entre los compromisos asumidos por el Gobierno".

En su pregunta, Lara señalaba que, además de los tres turismos y cinco motocicletas que la Casa del Rey tiene en propiedad, el parque automovilístico del Palacio de la Zarzuela está compuesto por "varias decenas de vehículos históricos y de uso" para protocolo y que utilizan los jefes de Estado que visitan España.

VENDERLOS O MONTAR UN MUSEO

El líder de la federación de izquierdas pretendía que el Gobierno le aclarase si se baraja crear un museo con el parque automovilístico de la Casa del Rey y si su financiación correría a cargo de los Presupuestos estatales o directamente de Zarzuela. También le preguntaba si, dada la política de austeridad que propugna el Gobierno, se ha planteado "la venta o subasta de estos vehículos para paliar el déficit público".

El resto de cuestiones que el Ejecutivo ha dejado sin contestar argumentando que no ha adquirido ningún compromiso sobre estos bienes, versan sobre la posibilidad de establecer un régimen legal para regular la aceptación, gestión y transferencia a Patrimonio Nacional de los regalos y donaciones recibidas por la Casa Real, sobre la existencia de un inventario sobre los mismos y sobre el uso que se prevé dar a todos ellos.