El hermano de Paula Prado no admite haber filtrado datos judiciales y dice que quería vengarse de Conde Roa

El abogado Luciano Prado, hermano de la exportavoz del PPdeG, Paula Prado, no ha admitido este martes ante la jueza instructora de la 'Operación Pokémon', Pilar de Lara, haber filtrado información judicial a cargos del PP como sospecha la magistrada y ha atribuido el contenido de conversaciones a invenciones para vengarse del exalcalde Gerardo Conde Roa.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han ratificado que, pese a las preguntas de la jueza y del propio Conde Roa, que lo interrogó en calidad de abogado que se asiste a sí mismo, Luciano Prado, citado en calidad de testigo, ha prestado declaración durante unas dos horas y no ha admitido las "filtraciones" de las que sospechaba la jueza.

Los pinchazos telefónicos de conversaciones en las que participan él o la propia Paula Prado (algunas reproducidas este martes en el juzgado) le señalan, según la jueza, como el encargado de proporcionar información judicial al PP.

Entre la información a la que supuestamente tuvo acceso prado, se alude a teléfonos intervenidos de cargos populares, a la imputación por fraude fiscal de Conde Roa, e incluso de una comida con varios magistrados en la que participaría el abogado y a que éste conocería la existencia de las fotografías del presidente, Alberto Núñez Feijóo, con el contrabandista Marcial Dorado, antes de su publicación.

Igualmente, en una conversación con Ángel Espadas, el exjefe de gabinete de Conde Roa, Luciano Prado le advierte de que "tiene problemas" en forma de querella contra las entonces ediles del PP María Pardo y Cecilia Sierra, además de "la otra", mención que los investigadores ligan a Reyes Leis, por una "licencia de aparcamiento". "Es un capricho personal contra el amigo Gerardo", le dice Prado.

Este martes, Luciano Prado ha negado el contenido de esta conversación y ha asegurado que su único interés residía en vengarse de Conde Roa, ante el que dijo sentirse muy defraudado por lo que le había hecho a su hermana --Conde Roa situó a Ángel Currás como su relevo en la Alcaldía, aunque la dirección autonómica del PPdeG prefería a Paula Prado--. De hecho, aseguró que le trasladó esta historia a Espadas con el único fin de que se la contase al exregidor.

QUERÍA "FASTIDIARLE"

Tras incidir Conde Roa en esta cuestión en su turno de preguntas, las fuentes consultadas por Europa Press han señalado que Prado se reafirmó, tuteándolo, en que quería "fastidiarle", al tiempo que le ha constatado que se encontraba "muy defraudado". El exregidor ha puesto en duda la versión del testigo y ha incidido en que sus diálogos telefónicas contenían datos demasiado concretos como para habérselo inventado.

También De Lara habría incidido en la capacidad de Prado para avanzar lo que iba a ocurrir en cuestiones como los pinchazos telefónicos, la imputación de Conde Roa por fraude fiscal o las fotografías de Feijóo, que posteriormente vieron la luz publicadas en el diario 'El País'.

Por otra parte, al inicio de la declaración, cuando la jueza le informó de la dispensa de que no tenía por qué contestar a preguntas que pudieran ir en contra de su hermana Paula Prado, él mismo manifestó su voluntad de extenderla al marido de ésta y a su otro hermano Miguel Prado, dirigente del PP de Muros, si bien De Lara no había dado a entender que fuera a interrogarle sobre ellos.

En su interrogatorio, Conde Roa también ha preguntado a Prado por otras partes del sumario en las que, mediante conversaciones, éste da a entender que el exregidor pudo haber cometido tráfico de influencias en varios casos urbanísticos.

En el caso concreto de la Finca do Espiño, le pregunta a qué se refería en la conversación con Espadas en la que Luciano Prado le dice a éste que "los 60 millones que se va a llevar de ahí" (supuestamente Conde Roa) "no van a ser gratis". El testigo habría replicado que esto también "es mentira", que estaba "cabreado" y que quería "fastidiarlo".

EXPEDIENTES DE LA GRÚA Y AMAÑO DE ELECCIONES

Al margen de Luciano Prado, este martes han prestado declaración como testigos otras cuatro personas vinculadas con supuestos enchufes en Lugo y Cechalva, la empresa encargada de gestionar el servicio de la grúa en la ciudad.

Fuentes jurídicas han ratificado que uno de ellos, Julio P.P., reconoció que él recibió llamadas de Javier Reguera, quien manejaba los hilos de la grúa y también de la ORA, para modificar expedientes de vehículos por supuestas irregularidades que afectaban "a concejales del Ayuntamiento de Lugo".

La práctica de "apartar" documentos de determinados vehículos, según el testigo, se llevaba a cabo también en Setex Aparkisa, donde habría trabajado su padre, a quien le habrían hecho "la vida imposible" dirigentes socialistas como el exedil Francisco Fernández Liñares y el propio alcalde, José López Orozco.

Asimismo, el testigo ha ratificado las sospechas que ya había plasmado De Lara en el sumario relativas al "amaño" de las elecciones sindicales en Cechalva. La jueza apuntaba a Reguera como el supuesto muñidor de este amaño y el testigo ha asegurado tener constancia de que se ofreció "dinero o prostitutas" a trabajadores para que modificasen su voto.

Otros testigos han reconocido que accedieron al puesto de trabajo mediante Liñares y su contacto con Reguera.