De Pedro rechaza la competencia de la AN para investigarle y denuncia la "desproporción procesal y mediática"

El empresario informático Alejandro de Pedro ha rechazado que la Audiencia Nacional sea competente para investigarle al no tener ninguna relación con los hechos que se investigan dentro de la trama 'Púnica' y ha pedido que el magistrado Eloy Velasco envíe su caso a los juzgados ordinarios de Instrucción.

De Pedro, que hizo trabajos de posicionamiento 'online' para el expresidente madrileño Ignacio González o la exconsejera Lucía Figar, ha presentado un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 6, en el que también denuncia la "absoluta desproporción policial, procesal y mediática" con que se le ha tratado.

El informático, representado por el despacho Domingo Monforte Abogados Asociados, basa su petición en que no existe relación alguna entre los hechos de la querella que fue presentada por la Fiscalía Anticorrupción en la Audiencia Nacional y los que se imputan a él y a sus empresas Eico y Madiva.

Los abogados José Domingo Monforte, Daniel Sala y Carles Gil rechazan que los presuntos delitos imputados a su cliente estén reservados al conocimiento de la Audiencia Nacional y exponen que los dos años de instrucción han permitido descartar la "ausencia de vinculación" de su cliente con la 'operación Púnica' y con "cualquier concepto de organización criminal dedicada a la comisión de delitos".

En este sentido, pone de relieve que la labor profesional de EICO y MADIVA fue "injustamente denostada y minusvalorada" en un primer momento y, sin embargo, la causa ha demostrado que "más del 80 % del trabajo que efectuaban se realizaba para empresas punteras del sector privado" y ha acreditado "su implantación en el mercado con empresas de reconocido prestigio, prestando además servicios a altas instituciones del Estado".

A su juicio, la supuesta relación de De Pedro con la red 'Púnica' se basa en las escuchas telefónicas practicadas al presunto 'cerebro' de la trama David Marjaliza, en las que se interceptó una única conversación con su cliente, que la Policía y el instructor "interpretaron con valoraciones subjetivas alejadas de elementales criterios de razonabilidad" integrándole en una "supuesta trama de financiación de partidos políticos".

"GRAVE QUEBRANTO PERSONAL Y PATRIMONIAL"

"Estos hechos, extraídos de unas conjeturas policiales, han sido rotundamente descartados en la investigación policial y judicial, habiendo tomado la causa otros derroteros en la investigación", añade el escrito, que también critica la "constante filtración" de la causa en los medios de comunicación y que su defendido haya sido colocado en una posición "alejada a la realidad, que le ha supuesto un grave quebranto personal, familiar y patrimonial".

"Alejandro de Pedro ha sido tratado con absoluta desproporción policial, procesal y mediática y justo sería que en este momento procesal, con un conocimiento más extenso y preciso de los hechos, por el instructor se adecuase su situación procesal a la realidad material que no es otra que la absoluta desvinculación al proceso que se sigue en la Audiencia Nacional", concluye su defensa.

UN CENTENAR DE IMPUTADOS

La 'operación Púnica' estalló en octubre de 2014 y, desde entonces, más de un centenar de personas se encuentran imputadas por participar en presuntos contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación 'on line' suscritos en tres comunidades autónomas (Madrid, Valencia y Murcia), la Diputación de León y una decena de ayuntamientos madrileños.

Entre los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en la causa, se encuentra, ademá de Granados, el exconsejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria; la exconsejera de Educación Lucía Figar; el exconsejero y exviceconsejero de Educación Manuel Pérez Gómez; o el ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás.

En relación con la Región de Murcia, se investiga al exconsejero de Industria y Turismo Juan Carlos Ruiz; la ex directora general de Turismo Mariola Martínez Robles; al ex jefe de Gabinete del consejero de Turismo e Industria José Fidel Saura; a la ex directora del Instituto de Fomento Reyes Samper, o al secretario técnico del Instituto de Turismo Jesús Norberto Galindo.

El expresidente de la Diputación de León Martín Marcos Martínez y el ex interventor general de este organismo Manuel Jesús Sánchez están encausados en el procedimiento, al igual que nueve antiguos alcaldes, doce exconcejales y trabajadores municipales de diversos municipios madrileños.