Piden a Garzón investigar los "indicios" de financiación ilegal del PPCV

En rueda de prensa, la portavoz de este grupo, Mònica Oltra, ha explicado que tienen constancia de contratos menores de cuatro Consellerias y dos fundaciones públicas con cinco empresas de la supuesta trama de corrupción que ascienden a un total de 574.000 euros entre 2004 y 2007.

Sin embargo, consideran que esta cantidad "adjudicada a dedo por el Consell a estas empresas puede multiplicarse por diez, sólo mediante contratos menores", si se tiene en cuenta que existen 14 Consellerias, que las empresas investigadas por la Audiencia Nacional son 18, y que se debe analizar de 2003 a 2008.

En consecuencia, Compromís ha remitido una carta al juez Garzón en la que proponen que reclame todos los contratos menores de la Generalitat con las empresas investigadas en el "caso Gürtel", ya que "por ahí puede salir" la "presunta financiación ilegal" del PPCV.

En ese escrito, exponen que tienen "constancia" de que las empresas relacionadas en la trama investigada han sido contratadas por el PPCV a la vez que mantienen contratos con la Generalitat, tanto mediante procedimientos de concursos como con contratos menores.

Para Compromís, se trata de una relación que, "si bien no es ilegal a primera vista, constituye un indicio de presunta ilegalidad por la forma en que dichas contrataciones se realizan", como el fraccionamiento de los contratos menores para eludir la publicidad o la adjudicación a las empresas investigadas de contratos a pesar de ofertar las cuantías más elevadas.

Además, aseguran tener constancia de contratos que "no se ajustan a los gastos reales de las actividades por las que se adjudican", por lo que podría pensarse en una "compensación" o "especie de adelanto de los gastos que posteriormente supondrá la realización de actividades en beneficio del PPCV", que serían abonados por las empresas beneficiarias de los contratos públicos a cargo de aquella diferencia.

Compromís expone que un "indicio" de ese sistema de pagos sería "el pago de gastos de vestuario de los dirigentes políticos" del PPCV, y que la presunta inexistencia de facturas a nombre de los beneficiarios y sí de las empresas del entramado "podría ser extensible al pago de actividades políticas del PPCV, lo que situaría la investigación en una presunta financiación ilegal del PPCV".

Como "indicio" de ese funcionamiento "irregular" para beneficiar a las empresas de la trama, exponen el caso de la empresa pública Vaersa, donde para contratar una campaña de difusión se presentaron tres empresas, aunque su administrador único era una misma persona física.

Compromís adjunta en su escrito un listado de contratos menores entre la Generalitat y las empresas investigadas que han conocido a raíz de sus investigaciones o de las informaciones aparecidas en prensa, y el informe de la Sindicatura de Comptes sobre "irregularidades" en las contabilidades electorales de 2003, referido a las empresas investigadas en la trama.

Además, ha anunciado que plantearán en Les Corts 1.512 peticiones de documentación sobre los contratos menores adjudicados por las 14 Consellerias en los últimos seis años a 18 de las empresas de la trama investigada, ante la "opacidad" del Consell sobre esta cuestión.

El portavoz adjunto de Compromís Enric Morera ha aseverado que las victorias electorales del PP "en gran medida se sustentan en base a una financiación pública de empresas afectadas en la trama de corrupción", y ha considerado que se está "asistiendo a una presunta trama de financiación colosal del PP".