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Podemos rechaza el sistema de ayudas al carbón nacional y pide "mano dura" con los importadores

El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafa Mayoral, ha expresado este lunes su rechazo al sistema de bonificación del consumo de carbón nacional para las empresas, y ha considerado que la salvación del sector ha de venir por implantar "mano dura" contra los importadores.
El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de
Podemos, Rafa Mayoral, ha expresado este lunes su rechazo al sistema de bonificación del consumo de carbón nacional para las empresas, y ha considerado que la salvación del sector ha de venir por implantar "mano dura" contra los importadores.
Mayoral, en compañía de Sofía Castañón y Ana Marcello, candidatas de Unidos Podemos por Asturias y León respectivamente, han realizado declaraciones a los medios para expresar la postura de su formación ante la firma del Acuerdo en Defensa de la Minería del Carbón y de las Comarcas Mineras que promueven la patronal Carbunión y los sindicatos FICA-UGT y CC OO.
Mayoral entiende que las ayudas al consumo de carbón nacional "no están funcionando", porque "entre el 70% y el 80% de lo que consumen las empresasa es de importación". "Ese camino (el de la bonificación) ya se ha explorado y no está siendo útil". En su opinión, "hay que tener mano dura con los importadores para salvar a un sector que es estratégico".
A su juicio, el PP "lleva desde 2013 estragulando el sector, al no pagar aquello a lo que se habían comprometido", y "está siendo cómplice de los importadores para estrangular y acelerar el cierre".
Los 'populares' defienden, según Mayoral, "los intereses de las transnacionales, de los importadores y de los fondos buitres". "No es casual que un fondo buitre como Goldman Suchs, el mismo que se ha apropiado de las viviendas sociales en Madrid y Cataluña, se esté encargando de pisotear los intereses del sector".
Castañón, por su parte, ha defendido una "auditoría de los fondos mineros" para saber en qué se gastaron los 20.000 millones, y que el Gobierno central devuelva a Asturias la deuda de 213 millones, correspondientes a los convenios de fondos mineros impagados.