Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Promotores piden a Fiscalía que investigue el destino dado por la Junta de Andalucía a fondos finalistas para vivienda

Varios promotores de Granada, Sevilla y Almería han solicitado a la Fiscalía Superior de Andalucía que investigue el destino dado por la Junta a 11 millones de euros de subvenciones del Estado "dirigidas a empresas promotoras andaluzas para la construcción de vivienda protegida" y que, transcurridos más de dos años, "no se han abonado".
La denuncia se ha presentado ante la Fiscalía por vía penal por parte de estos promotores, representados por las organizaciones empresariales ACP Granada, ACP Almería y Gaesco y se produce después de que el sector dé por "agotada la vía administrativa" tras más de 20 reclamaciones desde el año 2011.
"Ante la pasividad de los distintos estamentos reclamados de la Junta de Andalucía y la ausencia de respuesta a los requerimientos de pago, nos vemos obligados a instar a la Fiscalía a que estudie si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito por malversación de fondos públicos y/o gestión fraudulenta de subvenciones", señalan los afectados en un comunicado.
El sector censura que el Gobierno andaluz "no abone estas subvenciones finalistas, a pesar de que el Ministerio de Fomento certificara haber abonado las citadas ayudas a la Junta de Andalucía para que ésta las pagase a los beneficiarios".
PLAN ANDALUZ DE VIVIENDA
Según detallan, se trata de subvenciones recogidas en el Plan Andaluz de Vivienda 2008-2012 y cuyos fondos parten originalmente del Ministerio de Fomento, el cual, una vez conocidos los expedientes, abona a la Junta las cuantías correspondientes y es esta administración la que debe transferirlas al promotor para la construcción de inmuebles, en su mayor parte vivienda protegida en régimen de alquiler con opción a compra".
Los promotores explican que este "complejo proceso" se ha ido ejecutando de un modo fluido hasta el año 2010, a partir del cual las subvenciones "no han sido abonadas por la Junta de Andalucía". De hecho, defienden que la denuncia se ha presentado "ante la desesperación de un sector acuciado por la crisis, que a pesar de todo, ha ejecutado viviendas protegidas en Andalucía en unas condiciones financieras adversas, poniendo a disposición de las familias con menos recursos, viviendas a precios prefijados y subvencionados".
"Estos precios, por debajo de coste, solo son posibles gracias a las subvenciones, que al no haber sido abonadas mantienen a las empresas promotoras --muchas de ellas, pequeños negocios familiares-- en situación de estrangulamiento financiero próximo a la quiebra", han matizado.
En este sentido, censuran que "después de haber ejecutado las viviendas, resulta imposible, tanto a las empresas como a las organizaciones empresariales, seguir investigando el destino de dichos fondos, haciéndose necesario que instancias superiores determinen dónde han sido aplicados, quiénes son los responsables de que no se hayan dirigido al fin para el que fueron presupuestados, el modo en el que reintegrarlos a sus beneficiarios y, en definitiva, el porqué de esta atropellada situación".
"REPROCHES"
El sector reprocha a la Junta de Andalucía que "no haya aprovechado" en este tiempo los planes de pagos a proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para "sacar las deudas de los cajones" y saldarlas para "no seguir poniendo en riesgo la supervivencia de un importante sector generador de mano de obra y puestos de trabajo".
Las organizaciones denunciantes advierten que estos impagos por parte del ejecutivo autonómico en el sector de la construcción "son una de las causas más señaladas de la destrucción de nuestro tejido productivo y la pérdida de miles de puestos de trabajo en la Comunidad Autónoma, más de un millón de parados, de los que más de un 15 por ciento (155.046 a finales de 2013) son de este sector".
"Ahora que la Junta de Andalucía declara querer reactivar la Minería y la Construcción como sectores claves en la creación de empleo, tiene una inmejorable oportunidad para pagar a los promotores; y así cumplir la ley y no condenar a empresas solventes a la ruina, devolviéndoles su capacidad de inversión y generación de puestos de trabajo directos e indirectos", han defendido.
Los denunciantes afirman que los casos llevados ante la Fiscalía, por valor de 11 millones de euros, son sólo algunos a los que han tenido acceso, "pero ni mucho menos los únicos, ya que se calcula que hay expedientes en la misma situación por cuantías que superan los 50 millones de euros".