Puig encarga a Justicia que estudie la posibilidad de emprender acciones legales por la financiación

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha informado este sábado de que la Conselleria de Hacienda "va a presentar todos los datos a la Conselleria de Justicia para que se estudie en profundidad la posibilidad de iniciar acciones legales para restituir el cumplimiento de la Constitución y de la Ley de Financiación Autonómica". El Consell ha "elegido el camino del diálogo, pero "si no hay diálogo otros en el campo de la justicia tendrán que determinar".

Así se ha pronunciado el jefe del Consell tras reunirse con el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler y con la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, en respuesta a las declaraciones del presidente del gobierno, Mariano Rajoy con motivo de la presentación de las líneas generales de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, y la insistencia en que todas las administraciones cumplan los objetivos de déficit público.

Puig considera "absolutamente desafortunadas e injustas" sus palabras, y ha asegurado que "el cumplimiento del déficit de la Comunitat Valenciana es absolutamente imposible porque en todos los años que ha gobernado el PP nunca se ha cumplido y por tanto es una cuestión cínica e impresentable".

En ese sentido, Puig ha señalado que el Gobierno central "no asume el verdadero problema de la Comunitat, que vive una situación de injusticia profunda por la infrafinanciación" y ha advertido de que para su gobierno autonómico "no hay vacaciones y vamos a estar todo este mes defendiendo el interés general de los valencianos".

El jefe del Consell ha remarcado que "hay cinco millones de españoles profundamente discriminados por su gobierno" y que Rajoy "está incumpliendo su labor como presidente de España porque está dejando en la cuneta a cinco millones de españoles".

"LA RECUPERACIÓN NO SERÁ POSIBLE SIN ABORDAR LA FINANCIACIÓN"

Así, ha apuntado que el modelo de financiación "está produciendo agravios profundos y pobreza en el 31 por ciento de la Comunitat, fracaso escolar en el 37 de la Comunitat y está provocando que nuestra economía no crezca lo suficiente y que tengamos más paro que la media nacional". "Ese es el resultado de la política de Rajoy, por tanto la recuperación no será posible si no se aborda el problema de la financiación y la injusticia", ha sentenciado.

Al respecto, el conseller de Hacienda, Vicent Soler ha asegurado que la Comunitat soporta un gasto per capita de "155 euros menos que la media española y unos ingresos per capita de 250 euros menos que la media". Así, "pese a ser los más austeros, estamos creando déficit porque los ingresos son 100 euros menos que los gastos".

Además, ha señalado que si se reduce el objetivo de déficit del 0,7 al 0,3 por ciento, "habrá 400 o más millones de la financiación que no podremos utilizar".

Soler ha criticado también la "manipulación conceptual" del Gobierno en relación al dinero que percibirá la Comunitat. Así, ha explicado que los 1.500 millones de euros más que recibirá la Comunitat en 2016 responden a que "se dilata en dos años la obtención de la liquidación de cada ciclo económico". Por tanto, "durante dos años nuestro dinero ha estado en manos del gobierno", ha apuntado.

Asimismo, ha abogado por que los valencianos sepan "la verdad" sobre esta cuestión, y ha dicho estar "harto de que con el galimatías que significa el sistema de financiación autonómica, el gobierno pueda llegar a la conclusión de que nos regala algo cuando lo que hemos hecho ha sido financiarle a el durante dos años".

REUNIÓN DE PRESIDENTES

Por otro lado, Puig ha insistido en que "si a Rajoy le preocupara de verdad la unidad de España y la cohesión de los españoles, convocaría inmediatamente la Conferencia de Presidentes Autonómicos".

Por ello, ha insistido en la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, para abordar con el resto de actores tres cuestiones "fundamentales", que son: la financiación autonómica; "una conferencia autonómica que aborde la situación territorial que vive este país, que pone en peligro la convivencia" y "la aplicación de una ley de educación profundamente injusta como es la LOMCE".