El juez Ruz suspende la declaración de Caco Senante tras presentar un recurso contra su imputación

Ruz imputa a Caco Senante un delito de apropiación indebida por cobrar de forma irregular unos emolumentos de 30.354,32 euros entre octubre de 2010 y junio de 2011 de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

Según explicaba el magistrado en un auto fechado el pasado julio, Senante, miembro del Consejo de Administración de la SGAE desde julio de 2007, emitió nueve facturas por prestación de servicios en la comunidad autónoma de Canarias a nombre de la mercantil Algo Distintos SL, de la que es administrador único, "sin que exista constancia de que se formalizase ningún documento de contratación, de las labores a realizar o las cantidades a percibir".

Los informes realizados por la Unidad Central Operativo (UCO) de la Guardia Civil apuntan a que las actas del Consejo de Dirección aportadas por la SGAE no incluyen datos sobre estos traspasos de dinero. Además, los agentes detectaron un "escaso" seguimiento de los trabajos realizados por la empresa de Senante, siendo poca también la información aportada por él mismo a la sociedad de autores.

SUSPENDIDAS EL RESTO DE DECLARACIONES

Tras el recurso de Senante, también han quedado suspendidas por el momento el resto de declaraciones previstas. El juez Ruz tiene previsto tomar declaración en calidad de testigos a Juan Nebreda de Nicolás, que ocupó el cargo de director de socios y clientes de la SGAE, y al exdirector de gestión de la información Juan Manuel Macarro Arrojo. El tercer testigo es Francisco Galindo Villoria, exsecretario general de la SGAE.

En el marco de la investigación sobre las irregularidades en la gestión de la sociedad, el magistrado ha solicitado informes periciales a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y la Universidad Autónoma de Madrid para que se analicen las relaciones contractuales, prestaciones de servicios o movimientos de capital entre la SGAE y 15 empresas.

UNA DECENA DE EXDIRIGENTES IMPUTADOS

Los dos principales imputados en esta causa son el exdirector de la SDAE, filial digital de la SGAE, José Luis Rodríguez Neri, y el directivo de Microgénesis Rafael Ramos, que recuperaron la libertad en agosto y julio de 2011, respectivamente tras depositar sendas fianzas de 300.000 y 150.000 euros. El juez les atribuye los delitos de apropiación indebida y administración fraudulenta, a los que se suman un delito societario en el caso de Neri y otro de alzamiento de bienes en el de Ramos.

También fueron imputados Eduardo 'Teddy' Bautista, expresidente de la SGAE; el cantante José Ramón Márquez Martínez, 'Ramoncín'; Enrique Loras, exdirector general de la entidad; Ricardo Azcoaga, exdirector financiero; Elena Vázquez, principal accionista de Microgénesis; y Celedonio Martín, director financiero de esta empresa.

El juez también dirigió la acción penal contra tres familiares de Ramos --su esposa, María Antonia García Pombo; su cuñada, Pilar Eva García Pombo; y su hija, Sara Ramos Vázquez-- y otros dos de Rodríguez Neri --su hermana, Juana Cristina Rodríguez Neri; y su hija, Leticia Rodríguez Álvarez--.

Según la investigación de Ruz, Bautista "autorizó, consintió e impulsó" la trama defraudatoria desarticulada en la conocida como 'operación Saga', que había sido ideada por Rodríguez Neri. En el fruto de esta actividad presuntamente fraudulenta, la SGAE invirtió "importantes sumas de dinero sin obtener a cambio la esperada rentabilidad para sus socios" a través de una red de empresas vinculadas a la sociedad digital, entre ellas la mercantil Microgénesis, que controlaba el propio Rodríguez Neri.