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Sáenz de Santamaría advierte a Iglesias de que el CNI está al servicio de los ciudadanos y no del Gobierno

Pide al partido morado la máxima colaboración judicial en la investigación sobre la supuesta financiación iraní
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido este viernes al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de que las instituciones del Estado están "al servicio" de los ciudadanos y no del Ejecutivo, después de que él reclamara un puesto en un futuro gobierno como vicepresidente, por lo que sería responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
A la pregunta de qué opina de que Iglesias haya reclamado el puesto que ella ocupa ahora y que sobre su mandato recaigan los servicios secretos, Sáenz de Santamaría ha afirmado que "nadie debe violentar" el trabajo de los "servidores públicos".
"En esas instituciones que menciona hay servidores públicos que lo hacen en defensa del Estado, de la Constitución, de la libertad y la seguridad de los ciudadanos. Nadie debe violentar su actuación porque no están al servicio de los gobiernos, sino del Estado, de los ciudadanos", ha remarcado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
"EL PROBLEMA ES EL MODELO"
Para la vicepresidenta, el "problema" de que Podemos pueda ocupar asientos en un futuro gobierno es el "modelo" que defiende. "Si el modelo es el que se practica en otros Estados que suelen visitar, no es el modelo que siempre hemos defendido algunos en este país, que es que la libertad está por encima de todo", ha explicado.
Sáenz de Santamaría ha recalcado que "la democracia es el sistema que nos hemos dado para defender la libertad" y que "los ciudadanos tienen derechos por encima de todos y nadie puede colocar los derechos de los ciudadanos al servicio de otra cuestión".
Sobre la información que publica 'ABC' acerca de que Pablo Iglesias emitió facturas a la productora 360 Global Media S.L., de capital iraní, hasta un mes antes de las elecciones generales, la vicepresidenta ha recordado que hay una investigación en marcha y ha pedido a los dirigentes de Podemos la "máxima colaboración judicial".
Aunque ha dicho "respetar el procedimiento" y que cree que es Podemos el que "debe dar explicaciones", ha subrayado que en caso de confirmarse dicha información "sería un delito de financiación irregular" porque "los partidos no pueden financiarse por Estados extranjeros", ya que sería una "injerencia" en la política española que no resultaría "admisible".