Secretarios judiciales dicen que la justicia universal "no se pacta" y denuncian los "intereses espurios" de la reforma

El Sindicato de Secretarios Judiciales ha defendido que el principio de justicia universal "no se pacta" y ha denunciado los "intereses espurios" que se esconden bajo la proposición de ley presentada por el Partido Popular para reformar este artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El sindicato ha advertido en un comunicado de que este cambio legal supone la "desaparición" del derecho español de la justicia universal entendida como "salvaguarda de la humanidad frente a los crímenes más atroces".

"Es cierto que en no pocas ocasiones la aplicación de aquella norma ha planteado más de un problema diplomático al Estado Español y que cuando, conforme a esos mismos principios, le han exigido actuar frente a los atroces crímenes de la dictadura franquista, la respuesta ha sido bastante más que incoherente, y de una indolencia inaceptable", ha expuesto.

La asociación plantea que quizá este haya sido el motivo que ha empujado al Grupo Parlamentario Popular a "barrer de un plumazo toda una doctrina amparada en la protección universal de derechos humanos básicos".

Con todo, el SISEJ ha mostrado su más firme rechazo a la reforma proyectada y a los "intereses espurios que se esconden bajo el pretexto con que se justifica" en la iniciativa y que sirve para "dejar en manos de otro el castigo de estos delitos". "Entendemos que la justicia universal no se pacta", ha agregado.

PROPUESTA DEL PP EN EL CONGRESO

La proposición de ley limita la persecución de los delitos de genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado a los supuestos en que el procedimiento se dirija contra un español o contra un extranjero que resida en España habitualmente. "Fuera de estos casos no se perseguirían tales actos, aun cuando hubieren víctimas españolas", ha precisado.

La reforma prevé también que los tribunales españoles actúen cuando el responsable criminal sea un extranjero que ocasionalmente se encuentre en nuestro país, pero siempre que se hubiere denegado la extradición por las autoridades españolas.

"A modo de ejemplo que ilustra el resultado, el asesinato de José Couso no podría ser perseguido por los tribunales españoles. Incluso los autores materiales o intelectuales del crimen podrían veranear todos los años en nuestras playas sin posibilidad alguna de que fueren imputados, a menos que otro Estado sí persiga aquel delito, solicite a las autoridades españolas la extradición y ésta sea denegada", ha concluido.