El Supremo concluye la instrucción contra la senadora del PSOE Elena Diego por unas contrataciones irregulares

El magistrado del Tribunal Supremo Francisco Monterde ha hecho público un auto este martes en el que da por concluída la instrucción contra la senadora senadora socialista Elena Diego, imputada por un presunto delito de prevaricación administrativa cuando era alcaldesa de la localidad salmantina de Villamayor relacionado con la contratación irregular de dos monitoras.

En su resolución el alto tribunal también procede contra la que fuera concejala de este municipio Cándida Egido González por cooperación necesaria en la misma conducta. Da diez días a las partes par que soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, pidan diligencias complementarias o bien el sobreseimiento de la causa.

El pasado 3 se septiembre, la Mesa del Senado aceptó tramitar el suplicatorio del Tribunal Supremo contra la senadora Diego, que se concedió a mediados del mes de octubre.

En su auto, el magistrado Monterde ha encontrado indicios de que Diego colocó 'a dedo' en el año 2008 a dos monitoras de tiempo libre que fueron contratadas por el Consistorio de Villamayor sin haber superado la correspondiente convocatoria pública de empleo. El delito de prevaricación administrativa está penado con la inhabilitación para empleo o cargo público de siete a 10 años.

El pasado mes de febrero, la senadora declaró voluntariamente ante el Supremo y negó haber participado en el proceso de selección. Según dijo, poco después de la contratación el interventor municipal le comunicó después que se había producido una irregularidad administrativa y entonces firmó el informe de reparación por el cual se modificó el contrato de una de las trabajadoras.

La segunda monitora, según su versión, obtuvo el empleo tras renunciar dos aspirantes al puesto. Diego aseguró además que ninguna de las dos monitoras tenía vínculo personal o político con el Ayuntamiento.

El asunto había sido elevado al Supremo por el Juzgado de Instrucción número 3 de Salamanca, que encontró indicios de delito contra Diego y la edil en relación con la contratación de monitores culturales y deportivos realizada por el Ayuntamiento de Villamayor para el curso 2008-2009.

En la documentación obrante en el caso consta que tras la convocatoria de la oferta pública de empleo el tribunal calificador instó a contratar a nueve personas conforme a la baremación de sus méritos. Pese a ello, la concejal Cándida Egido elevó una propuesta que incluía a dos mujeres que no se encontraban en la lista, una de las cuales ni siquiera se había presentado al concurso.