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El fiscal pide al TC que inste a Forcadell a cesar la actividad de la Comisión de Estudio del 'procés'

La Fiscalía ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) sus alegaciones en relación con el incidente de ejecución planteado por el Gobierno el pasado 1 de febrero para impedir la actividad de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente. En su escrito, insta al tribunal de garantías a que advierta a Forcadell de las consecuencias derivadas de no cesar su actividad en dicho órgano, que el Ministerio Público considera inconstitucional.
Así lo han señalado a Europa Press fuentes fiscales, que han presentado un escrito cuyas argumentaciones son coincidentes con las de la Abogacía del Estado que presentó el incidente de ejecución de sentencia solicitando que la omisión del 'procés' se tenga por "nula sin efecto jurídico alguno" puesto que contraviene lo ordenado por este órgano el pasado 2 de diciembre, cuando declaró inconstitucional la resolución independentista aprobada por el Parlament de Cataluña.
La Abogacía también instaba al TC a requerir la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell y a los miembros de la citada Comisión parlamentaria para que "se abstengan de la realización de cualesquiera actuaciones tendentes a poner en funcionamiento o dar continuidad a los trabajos de la Comisión". A esta petición se une ahora la Fiscalía en sus alegaciones, según las mismas fuentes.
En su escrito, la Abogacía también aludía a un punto de la última reforma del TC -dirigida a mejorar su capacidad respecto de la ejecución de las sentencias- en el que se señala que el TC podría también declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan aquellas que ha dictado con anterioridad, como es el caso, "previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que las dictó" (artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)).
La impugnación se fundamenta en que la resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña tiene un "objeto coincidente" con la denominada resolución independentista que salió adelante en noviembre "sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015", que es la que fue ya anulada por este órgano.
El Gobierno considera que este nuevo paso "tiene por objeto la misma voluntad decidida de poner en marcha, en el seno del Parlamento de Cataluña, un proceso constituyente, que, como tal, no tiene cabida en la Constitución".
De hecho, el Gobierno recuerda que la propia resolución impugnada escribe que el objetivo de la Comisión del Estudios es establecer "los caracteres y principios marco de un proceso constituyente en Cataluña"; la "identificación de las reformas de cambio social, político y nacional que han de configurar un Proceso Constituyente en Cataluña" y el "análisis de las diversas modalidades de estructura de estado y su expresión constitucional: derechos y deberes, principios y garantías constitucionales, formas de participación ciudadana, modelo socioeconómico y ambiental y formas de Estado".
Por todo ello, la Fiscalía pide al TC que de producirse la persistencia en dicho incumplimiento, dado que el acuerdo por el que se creo la Comisión de Estudios el pasado jueves"" constituye un acto de frontal desacato y de manifiesto incumplimiento" de lo dispuesto en la sentencia del pasado 2 de diciembre.