TS mantiene el concierto, con pago de aval, en colegios de educación diferenciada de Almería y Granada

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (TS) ha resuelto, en una nueva sentencia --en esta ocasión sustanciada a raíz de un recurso interpuesto por la Junta derivado de la resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a favor de los intereses de la Federación de Escuelas Familiares Agrarias de Andalucía Penibética--, mantener la medida cautelar de concierto educativo, mientras se resuelve la base del recurso principal, sobre los centros 'Campomar' de Aguadulce (Almería) y 'El Soto' de Chauchina (granada), a los que la administración andaluza, junto a otros colegios, acordó retirar el convenio por ser de educación diferenciada por sexo.

Con todo, el fallo del Supremo, consultado por Europa Press, sí da de nuevo la razón a la administración autonómica --como ha hecho también con otros centros en la misma situación, como 'Torrealba', 'Ribamar', 'Altair', 'Molino Azul', 'Nuestra Señora de Lourdes' y 'Elcható', ubicados en Almodóvar del Río (Córdoba), Sevilla y las localidades sevillanas de Lora del Río, Carmona y Brenes--, al imponer, tras petición expresa al respecto del Ejecutivo andaluz, una caución "ajustada a la envergadura del perjuicio que podría producirse".

La medida, al igual que en los otros casos, tiene un monto que no es calculado por la sala en su sentencia al no contar con dato alguno que permita aventurar la cuantía del concierto durante todo el tiempo de duración.

Sin embargo, el TS sí establece que este aval debe reflejar toda la financiación a recibir de la administración por este concepto, y que el periodo a tener en cuenta para el cálculo debe ser de dos años a partir del momento en que habría comenzado a surtir efecto el convenio educativo denegado por el acto administrativo recurrido: el Supremo establece este plazo temporal al considerar que la duración previsible del recurso esté en torno a ese periodo.

El TSJA acordó la medida cautelar de mantenimiento del concierto en la totalidad de los centros implicados en este conflicto, que recurrieron la negativa de la administración al convenio --en base a jurisprudencia del Supremo que rechaza subvencionar con fondos públicos este modelo pedagógico-- de manera conjunta, pidiendo una suspensión cautelar bajo la premisa de que se producirían "perjuicios irreparables", por cuanto los alumnos que asisten al centro y que ya lo disfrutan "indefectiblemente se verían abocados a reconsiderar su permanencia en el mismo si el centro repercutiera automáticamente en las cuotas la consecuencia de la no renovación".

De esta forma, la Sala concedía la cautelar a los centros invocando las mismas razones, es decir, la acreditación de los motivos --pérdida de finalidad por perjuicios irreparables tanto de orden económico como de viabilidad del colegio--, apariencia "intensa" de buen derecho, el no dar la Junta "un solo argumento jurídico o fáctico consistente" y la ausencia de padecimiento del interés general. Además, recientes resoluciones del Alto Tribunal andaluz han avalado el concierto educativo en este tipo de colegios.

Dado que la Escuela Agraria de Vícar, ubicada en este municipio almeriense, acoge a alumnos de ambos sexos tras su puesta en marcha en el curso académico 2014-2015 como consecuencia de la escisión de seis profesores del 'Campomar' que llegaron a un acuerdo con la titularidad de su antiguo lugar de trabajo para el traslado del concierto educativo, se ha solicitado el desestimiento respecto de este centro en la pieza de medidas cautelares, si bien el Supremo remite a la sala de instancia.