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El TS revisará hoy la condena impuesta a la ex consejera de Mallorca Julve por el caso Cloaca

La Sala segunda del Tribunal Supremo revisará este miércoles en vista pública la condena de dos años de cárcel impuesta en octubre de 2015 por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca a la ex portavoz de Unió Mallorquina (UM) y ex consejera de Medio Ambiente Catalina Julve en el marco del 'caso Cloaca' por un delito de prevaricación administrativa.
Se la consideró responsable de la adquisición irregular de 4.300 sillas de plástico para el Consell de Mallorca por 59.500 euros y la adjudicación de unos trabajos de control del servicio de recogida selectiva de residuos.
En la vista que se celebrará hoy se estudiarán los recursos de casación presentados por las defensas de Julve y de otros dos condenados en esta causa, el responsable social de la empresa Ses Nostres Eines, Simón Galmés --que fue condenado a 6 meses de prisión--, y el también empresario Miguel Rullán, del Grupo Rullán, penado con 9 meses de cárcel.
La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca consideró probado que Julve y la exsecretaria técnica de Cooperación Local Coloma Castañer --quien también fue condenada con 6 meses de cárcel pero que no ha recurrido--, se pusieron de acuerdo actuar para "beneficiar a amigos y empresas próximas a miembros destacados de UM", para lo cual se concertaron a los dos empresarios.
Según especifica la sentencia de Palma, tanto Castañer como el entonces conseller de Cooperación Local --ya fallecido-- acordaron beneficiar a Rullán, en noviembre de 2005, con un expediente valorado en 29.928 euros para el suministro de "2.150 sillas de resina blancas con brazos", mientras que, del mismo modo, en julio de 2006 Julve resolvió adjudicar otro expediente por el mismo concepto --la adquisición de 2.150 sillas-- por un importe de 29.928 euros, que acabó en manos de Galmés.
En su recurso, el abogado de Julve, Gabriel Garcías, se muestra en desacuerdo con la resolución judicial y reclama la absolución de la exdirigente 'uemita', quien durante el juicio aseguró que la contratación del lote de sillas fue una decisión de su predecesor en el cargo y si la firmó se debió a que era una "necesidad" de los Consistorios.
Además, la ex consejera también dijo que se encontró un concurso para entregar un segundo lote de 2.100 sillas a 21 ayuntamientos, lo que consideró una "necesidad" puesto que algunos municipios "no tienen presupuesto" para comprarlas.
Recién abierta la operación policial de este caso, Julve ya se desmarcó de forma tajante de las pesquisas, con las que aseguró "no tener nada que ver". "Yo firmaba pero no tenía ninguna responsabilidad en averiguar si había alguna ilegalidad detrás de ellas, ya que por debajo tenía a 300 funcionarios", incidió entonces.
SU