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El TSJC exige al Govern a la "máxima brevedad" el expediente de suministro de urnas

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha exigido a la Conselleria de Gobernación que le entregue "a la máxima brevedad" el original íntegro del expediente incoado con ocasión del acuerdo marco para el suministro de urnas, que el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publicitó el 9 de mayo y que quedó desierto.
En su auto, la magistrada que instruye la causa contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, y el exsecretario general del departamento, Francesc Esteve, ha ordenado esta primera diligencia tras rechazar la petición de las defensas de desestimar la querella de la Fiscalía, que les acusaba de desobediencia, prevaricación continuada y malversación de fondos públicos.
La magistrada Mercedes Armas pretende con esta diligencia comenzar a esclarecer los hechos y poder determinar la participación que pudieran haber tenido Borràs y Esteve, quienes en su recurso de súplica al TSJC acusaron a la Fiscalía de haberse querellado contra ellos "con finalidades claramente intimidatorias".
"No pretende esclarecer y castigar actos ya cometidos, sino conductas que todavía habrían de realizarse", aseveraban los letrados, y alegaban que no se le puede investigar por unas urnas que ni se han comprado, un argumento que el TSJC rechazó.
En un auto anterior, la magistrada constató que se había advertido específicamente a los miembros del Govern de su deber de impedir o paralizar cualquier acto de organización del referéndum, haciendo mención expresa a contratos administrativos, y que el acuerdo marco es de solo cinco días después de la resolución del Tribunal Constitucional (TC).
El Govern licitó el proceso de compra de 8.000 urnas pero ninguna de las empresas que optaban cumplían los requisitos exigidos; luego, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció que el encargado de preparar el referéndum sobre la independencia del 1 de octubre sería su vicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, cuando antes la organización de los procesos electorales estaban en manos de Gobernación.