Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Estrasburgo obliga a España a no expulsar a 30 saharauis a los que negó el asilo

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha obligado a España a mantener en el territorio nacional a 30 saharauis a los que rechazó su petición de asilo político. Los afectados demandaron al Estado español al no haber obtenido respuesta a las peticiones que plantearon a los tribunales.

La sentencia del tribunal europeo establece que no podrán ser expulsados "hasta que se produzca una decisión definitiva sobre sus demandas de protección internacional".
Los demandantes consideran que en su caso se vulneraron los artículos 2 (derecho a la vida), 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes) y 13 (derecho a un recurso efectivo), de la Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En su recurso ante el tribunal con sede en Estrasburgo alegaron que escaparon de un campo del Sáhara Occidental después de que éste fuera atacado brutalmente por la policía marroquí y que llegaron en barco a Canarias entre enero de 2011 el agosto de 2012.
A su llegada a España solicitaron asilo, pero esta protección les fue denegada por el Gobierno. Sus recursos administrativos contra esta decisión fueron rechazados igualmente de forma sistemática, por lo que consideran que sus derechos fundamentales se vieron vulnerados.
NO AGOTADO LAS VÍAS LEGALES
"El Tribunal ha observado que no se han agotadado las vías legales de recurso contra el rechazo del asilo en la jurisdicción nacional" por lo que --dice-- "la Justicia no ha tenido aún ocasión de pronunciarse de forma definitiva"
El TEDH establece que "el Estado español deberá de garantizar, jurídica y materialmente, la estancia de los demandantes en el territorio español durante el examen de sus causas y hasta que exista una decisión definitiva sobre sus demandas".
Considera que España ha violado el artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que garantiza el derecho a un recurso efectivo ante una instancia nacional.