Los exconsejeros Victoria y Figar llegan a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez Velasco

El exconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria ha llegado en taxi sobre las 9.40 horas de este viernes a la Audiencia Nacional para declarar en calidad de imputado ante el juez Eloy Velasco y, con un intervalo de una hora, ha entrado a la sede judicial la antigua titular de Educación del Gobierno regional Lucía Figar para ser interrogada por las actividades de la trama de corrupción Púnica.

El que fuera 'número dos' del Ejecutivo madrileño se ha bajado de un taxi con una hora y cuarto de antelación a la comparecencia, que ha sido señalada para las 10.00 horas. Quince minutos antes de esta hora, ha entrado al órgano judicial Lucía Figar, acompañada de su abogado, a bordo de un Opel Astra de color gris oscuro con los cristales tintados.

Victoria y Figar, que dimitieron de sus cargos el pasado 4 de junio dos días después de conocerse su imputación, han entrado a las dependencias judiciales sin hacer declaraciones a los medios de comunicación que aguardaban su llegada.

Los dos exconsejeros, que están en el juzgado acompañados de sus respectivos abogados y sin la obligación de la decir la verdad, tienen que explicar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 y las fiscales Anticorrupción Carmen García y Teresa Gálvez los contratos que adjudicaron a las empresas del presunto 'conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro.

Las diligencias judiciales, que permanecen secretas, vinculan a Victoria con tres supuestos pagos en negro por valor de 120.00 euros que desde la Administración regional se habrían reclamado a la empresa Indra que tendrían como destinatario a De Pedro.

Los pagos habrían sido reclamados por el exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, dependiente del departamento que dirigía Victoria. En su declaración como testigo, las representantes del Ministerio Público preguntaron al expresidente de Indra Francisco Javier Monzón si ICM solicitó a la compañía tres pagos en B por valor de 90.000, 20.000 y 10.000 euros, respectivamente.

El compareciente aseguró que no le constaban los dos primeros y que el responsable de Operaciones de Indra, Santiago Roura, imputado en la causa, le había trasladado que existía "una situación un poco desagradable", en referencia al último pago de 10.000 euros. Según su versión, Martínez Nicolás reclamó este dinero aunque nunca se llegó a pagar. A cambio, Indra le ofreció un trabajo a una de las empresas de De Pedro, según consta en la declaración.

Monzón también aseguró no conocer a De Pedro "más allá" de haberle saludado "una vez" en un acto y añadió que nunca vio "ninguna irregularidad" en los contratos con la Comunidad de Madrid. En concreto, Indra realizó un contrato con EICO, una de las empresas de De Pedro, por un total de 12.000 euros.

"SIETE U OCHO CITAS" CON EL CONSEGUIDOR

Además, una de las trabajadoras del entramado, Esther Gutiérrez, admitió durante su declaración ante el juez Velasco haber concertado a principios de 2014 entre "siete u ocho citas" entre De Pedro y Salvador Victoria. "Tenía que insistir varias veces y al final le recibía", dijo.

Gutiérrez fue secretaria de dirección de una de las empresas vinculadas al exalcalde de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa (PSOE), imputado en el procedimiento y socio del supuesto 'conseguidor' de contratos de la trama Alejandro de Pedro.

El Gobierno regional negó el pasado enero "categóricamente" que Victoria estuviera relacionado con la trama y explicó que los contratos investigados se referían al "seguimiento de informaciones 'online' y servicios de clipping" de noticias de la Comunidad de Madrid y de su presidente, Ignacio González, como herramienta de trabajo para el seguimiento de todas las informaciones".

CONTRATOS DE FIGAR

En relación con Figar, el juez Velasco investiga contratos por valor de 80.000 euros que la Consejería de Educación habría firmado con Madiva, otra de las empresas de De Pedro, para trabajos de posicionamiento 'on line', y con EICO para la elaboración de una página para estudiantes extranjeros llamada 'www.studyinmadrid.es'.

En el 'caso Púnica' se investigan las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el pasado 30 de octubre a prisión por formar parte de una "organización criminal".