Victoria, investigado por pagos en B reclamados a Indra y Figar por contratos con De Pedro

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga al consejero en funciones de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, por tres supuestos pagos en negro que desde la Administración regional se habrían reclamado a la empresa Indra, y a la titular de Educación, Lucía Figar, por contratos con dos empresas del presunto 'conseguidor' de la red Púnica, Alejandro de Pedro, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La actuación presuntamente delictiva que se atribuye a Victoria, que declarará como imputado el próximo día 26 de junio, está relacionada con la labor del exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, que reclamó presuntamente a la empresa, adjudicataria de numerosos contratos de la Administración regional, pagos en negro por un total de 120.000 euros que tendrían a De Pedro como destinatario.

En su declaración como testigo, las fiscales Anticorrupción Carmen García y María Teresa Gálvez preguntaron al expresidente de Indra Francisco Javier Monzón si ICM, empresa dependiente de la Consejería de Presidencia, solicitó a la compañía tres pagos en B por valor de 90.000, 20.000 y 10.000 euros, respectivamente.

El compareciente aseguró que no le constaban los dos primeros y que el responsable de Operaciones de Indra, Santiago Roura, imputado en la causa, le había trasladado que existía "una situación un poco desagradable", en referencia al último pago de 10.000 euros. Según su versión, Martínez Nicolás reclamó este dinero aunque nunca se llegó a pagar. A cambio, Indra le ofreció un trabajo a una de las empresas de De Pedro, según consta en la declaración.

Durante el interrogatorio, Monzón también aseguró no conocer a De Pedro "más allá" de haberle saludado "una vez" en un acto y añadió que nunca vio "ninguna irregularidad" en los contratos con la Comunidad de Madrid. En concreto, Indra realizó un contrato con EICO, una de las empresas de De Pedro, por un total de 12.000 euros.

"SIETE U OCHO CITAS" CON EL CONSEGUIDOR

Además, una de las trabajadoras del entramado, Esther Gutiérrez, admitió durante su declaración ante el juez Velasco haber concertado a principios de 2014 entre "siete u ocho citas" entre De Pedro y Salvador Victoria. "Tenía que insistir varias veces y al final le recibía", dijo.

Gutiérrez fue secretaria de dirección de una de las empresas vinculadas al exalcalde de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa (PSOE), imputado en el procedimiento y socio del supuesto 'conseguidor' de contratos de la trama Alejandro de Pedro.

El Gobierno regional negó el pasado enero "categóricamente" que Victoria estuviera relacionado con la trama y explicó que los contratos investigados se referían al "seguimiento de informaciones 'online' y servicios de clipping" de noticias de la Comunidad de Madrid y de su presidente, Ignacio González, como herramienta de trabajo para el seguimiento de todas las informaciones".

CONTRATOS DE FIGAR

En relación con Figar, que también declarará el próximo día 26, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga contratos por valor de 80.000 euros que la Consejería de Educación habría firmado con Madiva, otra de las empresas de De Pedro, para trabajos de posicionamiento 'on line', y con EICO para la elaboración de una página para estudiantes extranjeros llamada 'www.studyinmadrid.es'.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también ha llamado a declarar como imputados a los diputados del PP en la Asamblea de Madrid Mario Utrilla y José Miguel Moreno, que comparecerán los días 11 y el 18 de junio, respectivamente.

Asimismo, el consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación en funciones del Gobierno de Murcia, Juan Carlos Ruiz, declarará con la misma condición y acompañado de su abogado de confianza el próximo 22 de junio.

El juez Velasco investiga en el 'caso Púnica' las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el pasado 30 de octubre a prisión por formar parte de una "organización criminal".