Zapatero ofrece diálogo a los jueces pero critica su actitud

Aunque no ha querido entrar en la discusión de la legalidad de la huelga, con la que los jueces amenazan para el día 26 de junio si no se atienden sus exigencias, Zapatero ha asegurado que "por supuesto, el Gobierno va a dialogar". En una entrevista en Onda Cero, el jefe del Ejecutivo ha recordado además a los jueces que la decisión sobre algunas de sus reivindicaciones son competencia "del Poder Legislativo".

Por eso ha criticado la actitud de los magistrados. En este punto, el presidente ha matizado que "para el diálogo no es lo mejor que alguien amenace con hacer una determinada cosa". "Tratándose de jueces, el diálogo debe ser con gran respeto institucional, yendo al fondo del tema", ha concluido.

Por otro lado, Zapatero ha rechazado que las críticas del Gobierno a la sanción impuesta a Rafael Tirado sean la causa del enfrentamiento con las asociaciones judiciales, pero ha sugerido que desde el caso Mari Luz se han escuchado pronunciamientos judiciales que antes no se oían.

El presidente ha insistido en que el Ejecutivo está en su legítimo derecho y en su deber de discrepar públicamente sobre la multa impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha reiterado que habrá reformas legales para precisar la responsabilidad de los jueces, que son un poder independiente pero también servidores públicos.

Bermejo: "No pueden ponerse en huelga"

Opinión bien distinta tiene el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien ha aseverado en declaraciones a la Cadena Ser que el mencionado caso "está flotando" en las protestas de los jueces, aunque las reivindicaciones de los jueces se centran en peticiones salariales y de cumplimiento de los compromisos de modernización de la Justicia.

Bermejo ha afirmado que el origen de las protestas de las cuatro asociaciones judiciales, que convocaron el martes un acto reivindicativo para el 18 de febrero, está en el malestar suscitado por las declaraciones del Ejecutivo a favor de aumentar la multa de 1.500 euros que el CGPJ impuso a Tirado

Para el ministro la clave no está en si un juez "tiene derecho o no" a hacer huelga, sino en que "no se puede permitir el lujo" de hacerla, porque "es una traición al mandato que tiene de los ciudadanos".

Las asociaciones se defienden

Las asociaciones no han tardado en salir a las declaraciones gubernamentales. La Asociación Profesional de la Magistratura califica de "populachera" y "decepcionante" la reacción de Bermejo, quien, a su juicio, sólo intenta que los jueces queden como "los malos de la película"; y Jueces para la Democracia rechaza que sus protestas tengan que ver con el asunto del juez Tirado.

También desde el Partido Popular se han oído algunas reacciones. El portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, ha pedido a Bermejo y al presidente del CGPJ, Carlos Dívar, que reciban a las asociaciones judiciales para discutir sus peticiones, con las que ha dicho estar de acuerdo porque están encaminadas a dotar de medios materiales la Administración de Justicia. Sobre la huelga, Trillo ha recordado que el PP no la apoya por considerarla "mala para un Estado de Derecho", pero sí ha defendido a jueces y magistrados frente al "desprecio" con el que, ha dicho, las ha tratado el ministro.

El diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha puntualizado que la Constitución no recoge ninguna limitación al derecho a la huelga, pero ha subrayado que no deja de ser "llamativo" que las mismas organizaciones que eligieron el CGPJ sean las que convocan la protesta.

Y desde el propio CGPJ, el vocal Manuel Torres Vela ha manifestado que no cree que en la actualidad se den las condiciones necesarias para convocar la huelga de los jueces, y ha anunciado que lo más prudente es dejar que dicho órgano trabaje en un plan de modernización que recoge las reivindicaciones de la carrera judicial.

Entre tanto, el CGPJ y el Ministerio de Justicia celebrarán el 19 de enero una reunión para dar a conocer "a la carrera judicial y a la sociedad" lo que ambos órganos decidan sobre las reivindicaciones de los jueces, según ha informado a los medios la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo.

EPF/RSO/MV