Zoido da "carácter prioritario" a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y hablará "hasta la extenuación"

Zoido ha tratado de este tema en una reunión con el Grupo Popular en el Congreso en la que ha vuelto a insistir es que sería un "atrevimiento" y una "imprudencia" hacer caso a la oposición y derogar sin alternativa la norma que impulsó su predecesor, el exministro Jorge Fernández Díaz.

"Se crearía unos vacíos para la sociedad y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha advertido, insistiendo en su mano tendida para "hablar hasta la extenuación y llegar a algunos acuerdos en algunos extremos".

El pasado 21 de diciembre, en su primera comparecencia ante la Comisión de Interior, Zoido rechazó la derogación de la Ley de Seguridad, invitando al resto de grupos a "poner rumbo al consenso" para mejorar aspectos concretos de una norma que calificó como pilar básico de su "política de seguridad nacional de la concordia".

"Ha sido tremendamente eficaz para el bienestar de los ciudadanos pero todo es mejorable", admitió Zoido, rechazando de plano una derogación que "dejaría sin cobertura legal" funciones como la regulación del DNI, la normativa en materia de armas y explosivos o sobre cacheos.

ALTERNATIVAS DE PSOE Y PNV

El Grupo Socialista en el Congreso presentó el 1 de diciembre su propia Ley de Seguridad Ciudadana tras pedir días atrás la derogación de la 'ley mordaza', avisando al PP de que podía sumarse al resto de grupos en la negociación del nuevo texto o "resistirse y perder una votación más". Los socialistas quieren eliminar sanciones por utilizar imágenes de policías o a quienes se manifiesten ante las Cámaras.

En esta línea, el PNV presentó la semana pasada ante el Registro general del Congreso una proposición de ley de reforma de esta ley en la que, entre otras cosas, propone que deje de ser "infracción grave" el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Las organizaciones representativas de la Policía y la Guardia Civil recuerdan que Ley de Seguridad Ciudadana atendió a "demandas históricas" de ambos cuerpos. En opinión de sindicatos y asociaciones, la reforma se tendría que centrar en el desarrollo adecuado de aspectos concretos, por ejemplo en lo referente a los recursos que pueden plantear los ciudadanos sancionados por algunas de las 44 causas que recoge la norma aprobada en 2015.

La Ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana fue aprobada tras 16 meses de trámite parlamentario el 1 de julio de 2015. En ese tiempo, el Gobierno accedió a modificar algunos de los aspectos más polémicos, estableciendo 44 conductas sancionadas administrativamente y poniendo fin a las faltas incluidas en el Código Penal y, por tanto, sometidas a control judicial previo.