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El abogado de Fujimori obtiene cuatro sesiones más de alegatos

La defensa del ex presidente peruano Alberto Fujimori, juzgado por violaciones a los derechos humanos, obtuvo hoy del tribunal cuatro sesiones más para su alegato, hasta el próximo 25 de marzo.
Sin embargo, el abogado César Nakazaki, que encabeza el equipo de defensores, dijo a Efe que "es muy probable" que vuelva a pedir varias sesiones más para concluir sus alegatos, por lo que consideró "prematuro" decir que Fujimori tomaría la palabra en solo dos semanas.
El presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, César San Martín, concedió solo cuatro de las siete sesiones que había pedido Nakazaki para "garantizar que los ámbitos de la defensa se expresen con amplitud, serenidad y claridad".
Nakazaki recordó que la defensa tiene derecho a pedir cuantas sesiones suplementarias desee sin plazo límite, aunque sí hay criterios de limitación: que los argumentos no sean repetidos y que sean importantes.
"Aquí solo hay cansancio del tribunal", recalcó la defensa de Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000.
En su turno de hoy, el abogado analizó algunos de los documentos presentados por la fiscalía o la parte civil -un discurso a la nación de Fujimori, entrevistas y artículos periodísticos firmados por él- como pruebas de que el ex presidente diseñó una política de guerra sucia contra el terrorismo.
Nakazaki replicó que esos documentos no bastan para probar que hubo esa guerra informal, y precisó que, por el contrario, demuestran -según su línea argumental- que la lucha contra el terrorismo fue limpia y transparente.
Señaló, del mismo modo, que no constituyen pruebas de que Fujimori conociera el Grupo de Análisis (integrado por ex militares y ex oficiales de inteligencia), del que más tarde derivó el Grupo Colina, autor de las matanzas más emblemáticas del régimen.
Fujimori se enfrenta a una pena de 30 años de cárcel por su responsabilidad en la muerte de un total de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), además de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, tras el "autogolpe" de Estado de 1992.