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Una acusación del Madrid Arena denuncia que "a día de hoy el Ayuntamiento de Madrid sigue mirando hacia otro lado"

Destaca el ánimo de lucro de Flores al poner 37.000 entradas a la venta y sobrepasar aforo en un 200%
Una de las acusaciones particulares en el juicio por la tragedia del Madrid Arena, en la que fallecieron cinco jóvenes por un cúmulo de negligencias, ha cargado este miércoles contra el Ayuntamiento de Madrid al considerar que cuatro años y medio después de la fiesta mortal el Consistorio madrileño "a día de hoy sigue mirando hacia otro lado" en lo que se refiere a este pabellón municipal ubicado en la Casa de Campo.
En la sesión de este miércoles ha sido el turno de informes de las acusaciones. El primer abogado en exponer su informe ha sido el que representa a las familia de Belén Langdon. El abogado Ábdon Núñez ha querido comenzar mencionando que precisamente hoy Belén hubiera cumplido 21 años.
Esta acusación reclama 4 años de cárcel para Flores por un delito de homicidio por imprudencia grave. Cada una de las representaciones de las víctimas solicita la misma pena, con lo que sumaría 20 años de prisión para el empresario.
El letrado ha hecho suyas las afirmaciones en las que ayer la fiscal Ana Múñoz aseguró que la tragedia fue fruto de una negligencia y no una fatalidad por diferentes aspectos que alcanzan a los quince acusados. En primer lugar, ha destacado que "el Madrid Arena no tiene licencia de construcción ni de funcionamiento", añadiendo que "a día de hoy el Ayuntamiento sigue mirando hacia otro".
Además, ha dado por acreditado que Miguel Ángel Flores puso a la venta más de 37.000 entradas frente al aforo de 10.000 y que lo hizo un mes antes de que se firmara el contrato. También ha querido destacar que la actitud del promotor en ningún momento fue colaboradora, ya que escondió las urnas de las entradas y se quedó con ordenadores.
Asimismo, ha cargado contra los responsables de la seguridad en el evento, ya que se saltaron la normativa en esta materia, y ha denunciado que todos miraron hacia otro lado, sin ordenar que se abrieran las puertas de los vomitorios que estaban cerradas incurriendo en "una dejación de funciones".
También ha querido destacar que se recaudó casi 600.000 euros en la fiesta, lo que demuestra el ánimo de lucro de Flores. En esta recaudación, se refleja el sobreaforo, que se sobrepasó un 200 por ciento de lo establecido.
APERTURA DE PUERTAS DE EMERGENCIAS
A continuación, ha hablado sobre la apertura del portón alrededor de las dos de la madrugada, un acceso por donde entran cerca de 2.000 personas. "Provocó un efecto físico. Todas las puertas están cerradas menos dos. Por eso, a las 2.25 de la mañana hay una avalancha, a las 2.30 hay otra, a las 2.44, hay otra, a las 3, hay otra. No son tropezones. Es la expulsión física de chavales jóvenes (...) Salían despedidos", ha reseñado.
"En este maremágnum. A las 3.09 no se les ocurre otra cosa que abrir el muelle Mónico. Hay ya se da una confluencia de flujos. Esta es la causa determinante. De todo esto son conocedores, consentidores todas las personas que estaban allí. Todos los acusados", ha agregado.
Además, ha destacado que el técnico de operaciones de Madrid Espacios y Congresos José Ruiz Ayuso era la única persona que podría haber evitado el cierre de los vomitorios. "Y en vez de hacerlo se quedó en las oficinas haciendo presupuestos por orden de su jefe", ha dicho.
CONTROL DEL FLUJO
Tras ello, ha pasado a exponer los hechos sobre los que acusa a la empresa Kontrol 34, cuyos empleados fueron contratos por Diviertt para hacer funciones de auxiliares como por ejemplo agilizar las colas del exterior. El dueño de esta empresa, Carlos Manzanares, y su socio Emilio Belliard, se sientan en el banquillo de los acusados.
Ayer, la fiscal destacó que el control del flujo en el interior del pabellón era responsabilidad de los controladores de accesos, según el decreto que regula sus funciones. Una de las causas del sobreaforo fue la falta de distribución del público por las diferentes plantas del pabellón.
Respecto a Kontrol 34, Núñez ha destacado que no hay duda de que los controladores estaban conectados por pinganillos, un hecho que negaron varios de los empleados. Sin embargo, uno de ellos lo ratificó.
También ha dedicado una parte de su informe para cargar contra Roberto Mateos, el empleado de Seguriber que se encargaba de estar en la sala de control de cámaras de videovigilancia. Este empleado afronta una pena de tres años de cárcel por cinco homicidios imprudentes.
"Era muy fácil establecer las cámaras de prioridad. Yo sinceramente, entiendo que con 8 cámaras en un monitor, estaba controlando lo más grave que podía pasar esa noche. Pero para verlo hay que estar ahí y estar sentado", ha dicho.
Seguidamente, ha detallado que Mateos estuvo fuera de la sala y vio que los vomitorios estaban cerrado. "Todos ellos sabían que una persona debía estar en el cuarto de cámaras pero a todos les dio igual", ha espetado.
ACTUACIÓN POLICIAL
En otro punto de su informe, se ha mostrado disconforme con el alegato de la fiscal en cuanto a la actuación de la Policía, algo que ha calificado de "desastrosa". Así, ha dicho que hay "una absoluta dejación de funciones" en lo relativo a la preparación del dispositivo del evento.
"En ningún otro evento estuvo la Policía de Moncloa. La Policía tenía la obligación de recabar el aforo y no la cumplió. Se infringen un montón de normas. Belén era menor de edad, como muchas otras. Y nadie pidió el carnet. La Policía Municipal tenía que preparar el evento que se haga a uso y costumbre. Y eso es teniendo policía en el evento. Hay que prevenir y evitar el peligro. Esa es su obligación fundamental", ha reseñado.
En este punto, ha destacado que si hubiera habido policías de paisano se hubiera evitado. "Si el señor Flores hubiera sabido que había, no hubiera dejado pasar a menores. Fue una absoluta falta de diligencia de la Policía el no prepararlo", ha añadido.
Sobre el nivel de servicio, ha indicado que al no existir la reunión previa era imposible que preparasen la instrucción. Sin embargo, se estableció el 26 de octubre como nivel medio. "Esa noche había once y un cabo. Eso ni ira nivel medio", ha destacado.
"Desde el nacimiento de la instrucción, no se prepara adecuadamente. No se hace con nivel alto ni todo lo que lleva aparejado. ¿Tiene influencia el botellón? Sí. Si todos entran en avalancha, provoca que se abra el portón. Era absolutamente imposible que entraran por la puerta. Y esa es la influencia. Si no hubiera habido botellón, la gente hubiera entraron con control", ha expuesto.
"Es una comisión por omisión clarísima. Sin ningún lugar a duda reflejan que se hubiera podido evitar el peligro. Su actuación no fue para evitar el riesgo", ha agregado el letrado.
INDEMNIZACIONES
En el apartado de indemnizaciones, ha solicitado que se aplique la directiva de catástrofes de accidentes aéreos a la hora de fijar las indemnizaciones. "¿Cómo valoramos el sufrimiento de Belén? Una niña lo narró. La dejé morir", ha dicho.
"Cuando sale, no respira. La llevan por un periplo impenitente, sin saber dónde estaba la enfermería. Si es difícil cómo valorar su sufrimiento, qué pasa con la familia. Un caso absolutamente mediático y desgarrador. Poner una foto en Internet. Eso es lo que sale y lo que los padres verán. Eso es lo que no hemos conseguido quitar. Es de por vida. A la familia la han condenado de por vida", ha proseguido.
"Murió en manos de su hermano, que le dio la extremaunción porque es sacerdote. La muerte es irreparable. La de una menor quizá más. Pedimos a la sala que aplique esa directiva", ha agregado.
"Esta representación no se plantea la existencia de dolo eventual. Pero me lo he planteado en la instrucción. Es una conducta imprudente. Se conocía el riesgo. Es lo que se llama la culpa consciente. Hay 19 infracciones de normas. Todas sus conductas contribuyeron al resultado. Fueron muchas conductas negligentes", ha concluido.