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La fiscal dice que los acusados de colocar la ikurriña gigante en el chupinazo sabían que alterarían el acto

Pide 5 meses de prisión para todos, mientras que la acusación particular reclama 4 años de cárcel para cuatro de ellos
La fiscal ha afirmado que los acusados de colocar una ikurriña gigante frente a la fachada del Ayuntamiento de Pamplona en el chupinazo de los Sanfermines de 2013 "sabían que iban a alterar el orden del acto".
La vista oral del juicio por estos hechos ha concluido este jueves en el Palacio de Justicia de Pamplona con la exposición de las conclusiones de los representantes de las partes. La fiscal mantiene su petición de 5 meses de prisión por un delito de desórdenes públicos para cada uno de los acusados, tipificado en el artículo 558 del Código Penal, que castiga a quienes perturben gravemente el orden en los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación.
Por su parte, la acusación que representa al Ayuntamiento de Pamplona también se mantiene en solicitar 4 años de cárcel por el delito de desórdenes públicos tipificado en el artículo 557.2 del Código Penal, que castiga a quienes alteren la paz pública en actos en los que haya gran afluencia de personas. Ambos consideran que concurre la agravante de ejecutar el acto con disfraz.
Sin embargo, el Consistorio ha retirado la acusación contra uno de los acusados, J.G.A., al entender que "se limitó a la grabación de los hechos, sin tener una participación directa en ellos". Por su parte, la defensa pide la libre absolución de los cinco acusados.
En su exposición de conclusiones, la fiscal ha explicado que les imputa un delito de desórdenes públicos, que "castiga a quienes perturben gravemente el orden en determinados actos públicos". A su juicio, los procesados "sabían que iban a alterar el orden del acto". Además, ha defendido que "no se puede entrar a la plaza ninguna tela de grandes dimensiones y ellos lo hicieron".
La bandera "podía haber caído a la plaza" o "haberse incendiado", según la representante del Ministerio público, que ha recordado que los policías nacionales expertos en explosivos "dejan claro que si se desvía el cohete, hay riesgo para las personas".
En cuanto a la participación de J.G.A., que manifestó en su declaración de este miércoles que grabó los hechos pero que no colaboró en ellos, la fiscal ha defendido que "conocía" que se iba a colocar la bandera, una acción en la que "participó" con "las mismas pelucas y los mismos gorros" que el resto de procesados, que "alteraban su aspecto para no ser reconocidos".
Considera la fiscal que "la participación de J.G.A. en la comisión de los hechos ha sido de una persona que no ha participado materialmente en lo realizado, pero que ha cooperado, con la grabación de los hechos con conocimiento exacto de lo que se iba a hacer, un delito".
Por su parte, el abogado que representa al Ayuntamiento de Pamplona ha solicitado 4 años de prisión para cuatro acusados, mientras que ha retirado la acusación contra J.G.A., al entender que "se limitó a la grabación de los hechos, sin tener una participación directa en ellos".
En su exposición, la acusación, que considera que cuatro de los acusados alteraron la paz pública, ha señalado que su pretensión fue "impedir el lanzamiento del chupinazo" y ha asegurado que "el mero hecho del retraso ya supone una alteración del orden".
Además, ha destacado el "riesgo" de "instalar esa bandera con condiciones de seguridad mínimas, con la reacción que puede suponer la mera presencia de la bandera en la plaza, donde se produjeron graves incidencias". El abogado ha argumentado, asimismo, que "la hora y lugar de la colocación de la bandera se eligió sabiendo perfectamente lo que se pretendía, que era impedir el lanzamiento del chupinazo".
LIBRE ABSOLUCIÓN
Por su parte, la abogada de la defensa ha sostenido que los hechos "no son constitutivos de delito alguno" y también ha asegurado que J.G.A. "no participó" en ellos "ni colaboró en las acciones preparatorias". "No hay absolutamente nada que lo vincule en los actos de preparación", ha insistido.
Asimismo, ha negado que los hechos sean constitutivos de un delito de desórdenes públicos, ya que "ha quedado acreditado que en el acto del chupinazo no existieron choques físicos ni tensiones entre las personas" que se encontraban en la plaza. La abogada ha defendido que fue "una protesta pacífica contra la ley de Símbolos".
También ha destacado que "no se causaron perjuicios en las personas" y ha recordado que el técnico de seguridad del Ayuntamiento de Pamplona que compareció como testigo en el juicio "dijo que la ikurriña no obstaculizaba la evacuación de las personas". En su opinión, el retraso del chupinazo "no se debió a cuestiones de seguridad".
AFIRMAN QUE NO QUISIERON "BOICOTEAR" LA FIESTA
Por otro lado, acusados de colocar una ikurriña gigante frente a la fachada del Ayuntamiento de Pamplona en el chupinazo de los Sanfermines de 2013 han afirmado que su intención no fue evitar que el cohete se lanzase a su hora ni "crear ningún boicot" a la fiesta, sino "denunciar la ley de Símbolos".
En concreto, el acusado M.V.J., haciendo uso de su derecho a la última palabra, ha incidido en que la intención de quienes participaron en el despliegue de la bandera no era "crear ningún boicot", sino "denunciar una ley injusta, que es la ley de Símbolos, y dejar en evidencia la obsesión del Ayuntamiento por retirar la bandera".
En la misma línea, I.R.M. ha señalado que la pretensión de los acusados no era "alterar el orden" y ha defendido que la colocación de la ikurriña fue "una acción de desobediencia y pacífica". Además, ha defendido que estaban "cualificados para llevarla a cabo con seguridad".
Por su parte, I.B.O. ha criticado que "fue el Ayuntamiento el que cortó la cuerda de la bandera, que cayó encima del público" que se encontraba en la plaza Consistorial. "No entiendo por qué hablan de riesgo y luego son ellos los que la cortan", ha dicho.
J.G.A., que reconoció estar presente en los hechos para grabarlos, ha defendido que "a la sociedad le asiste el derecho de la libre información y tiene derecho a informar y a ser informada". Además, ha destacado que no comprende "cómo se insiste en criminalizar la labor informativa".
Finalmente, I.G.C. ha querido puntualizar que en el momento de los hechos cerraron el acceso al tejado de la Casa Seminario porque "hubiera sido peligroso que accediesen personas de forma descontrolada y sin conocimiento en labores de altura".