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La alcaldesa de Puerto Real (Cádiz) declara este miércoles como imputada por la gestión de aceites usados

El Juzgado de Instrucción número 1 de Puerto Real (Cádiz) ha citado a la alcaldesa de la localidad, Maribel Peinado (PA), y a su edil de Medio Ambiente, María Beatriz Parrado, para declarar este miércoles como imputadas por presuntas irregularidades en la gestión de aceites usados de origen doméstico y comercial en el municipio.
La propia Peinado confirmaba a Europa Press que había recibido la citación del juzgado, tras admitir una querella presentada por la Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Aceites y Grasas Comestibles (Ceregras) sobre la firma de un convenio de exclusividad con una empresa privada para la gestión de los aceites usados.
Sostienen los demandantes que podrían haber incurrido en un delito contra la Administración Pública y vulneración del principio de libre competencia del mercado, ya que se habría firmado un acuerdo de colaboración exclusiva con una empresa privada sin convocar concurso público.
En una rueda de prensa celebrada la pasada semana, la alcaldesa expresaba su "tranquilidad" ante la citación tras analizar la documentación con los servicios jurídicos municipales, argumentando que detrás de este asunto se esconde un "interés político" y también una "guerra de empresas" que pretende utilizarlas como "cabezas de turco".
Destacaba que lo que hay actualmente es "unas diligencias previas, no una actuación de oficio", porque se ha dado curso judicial "a la actuación de un privado" para aclarar lo que corresponda.
QUERELLA "INEXPLICABLE"
Decía Peinado que no puede "explicarse" cómo se interpone una acción judicial contra ella y la edil por parte de Ceregras, cuando algunas de sus 22 empresas asociadas "hacen lo mismo en otros ayuntamientos y administraciones públicas" desde hace "muchos años".
Asimismo, aseguraba que el Ayuntamiento se ha limitado a cumplir "única y exclusivamente lo que marca la ley", concretamente el Decreto 73/2012 de 20 de marzo, que regula este tipo de residuos en Andalucía.
Detallaba que dicho decreto traslada a los ayuntamientos la competencia de poner en marcha un servicio para garantizar que los aceites vegetales usados van a ser transformados y tratados de la manera en la que está legislado.
"Estamos haciendo sólo lo que la Junta marca en ese decreto", insistía, incidiendo en que la denuncia responde al interés de unas empresas que "no están de acuerdo con la legislación vigente" y pretenden que los aceites usados sean considerados "un subproducto y no un residuo".