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Tres asociaciones de jueces reactivan la Comisión de Conflicto frente al intento de Gallardón de atacar su independencia

Denuncian el "exceso de presidencialismo" del CGPJ y su "sumisión" a Justicia y censuran la posible privatización del Registro Civil
Las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independendiente se han reunido este lunes para intentar reactivar la Comisión Interasociativa de Conflicto y dialogar sobre la profesión en un momento en que las reformas del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, provocan un "grave quebranto" a los principios de independencia judicial y separación de poderes.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y de corte conservador, ha excusado su asistencia al encuentro por "razones de operatividad de su asociación". Las tres restantes no descartan adoptar ningún tipo de medida pública para denunciar los "perjuicios" que está sufriendo la Administración de Justicia y se reunirán periódicamente para presentar sus alegaciones a las reformas de Gallardón.
Las tres asociaciones han mostrado su preocupación por el intento de "privatizar" el Registro Civil y han advertido de que la "indefinición" del Ministerio a escasas fechas de que entre en vigor el próximo julio la reforma del Gobierno socialista aumenta la "intranquilidad y el desasosiego" de los magistrados encargados de este servicio.
LEYES "NEFASTAS"
Han firmado un acuerdo conjunto en el que tildan de "nefastas" las últimas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre ellas el anteproyecto presentado el pasado viernes que, a su juicio, cierra el "círculo" del ataque que está sufriendo la independencia de los magistrados.
Las asociaciones judiciales han mostrado su "rechazo" al proceso de renovación del último Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha evidenciado un "exceso de presidencialismo", una disminución de competencias para defender su independencia y reivindicar mejoras en la Justicia, así como una "sumisión y dependencia al Ministerio de Justicia".
Además, han expresado su descontento por que el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, no haya dado ninguna "aclaración o rectificación pública" sobre las declaraciones en las que afirmaba que a los jueces se les controlaba con palo y zanahoria.
A su entender, la solución dada por la Comisión Permanente del CGPJ a las promociones 63 y 64, en expectativa de destino, con sucesivos concursos de traslado "no sirve para dar una respuesta positiva y de estabilidad" a estos compañeros y dificultará la conciliación de su vida laboral, personal y familiar.
Las tres asociaciones han firmado una solicitud, que remitirán a la APM por si quiere adherirse, para que el Consejo del Poder Judicial elabore de los listados necesarios sobre retribuciones variables de 2013 para que el Ministerio lo abone.
A su entender, es imprescindible que el CGPJ exija a Justicia la "urgente" creación de plazas judiciales para aproximarse a ratio europea. Proponen también que las Salas de Gobierno de los TSJ o la Comisión Nacional de Seguridad y Salud proceda a designar un delegado o coordinador en temas de conciliación, como hay en Extremadura o Aragón.
Emplaza al Ministerio debe convocar la Comisión Mixta reguladora del régimen retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal, algo que debe hacer cada cinco años. Ante un eventual acto administrativo por silencio negativo, las asociaciones interpondrán conjuntamente un recurso contencioso administrativo.