El 'caso Garzón', entre las dos Españas

Abogados defensores de la causa de la Memoria Histórica consideran que la querella presentada contra el juez Baltasar Garzón carece de todo fundamento, por lo que han pedido al alto tribunal que corrija su decisión. Este grupo de abogados ha suscrito un comunicado en el que consideran que la querella pretende que se olviden los hechos cometidos por la dictadura franquista y "atacar" la actuación de Garzón "con el propósito de socavar su independencia, su prestigio y su propia labor jurisdiccional".

Por otra parte, el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, cree que es una "vergüenza" que el Tribunal Supremo haya admitido una querella contra el juez cuando ha sido "incapaz" de condenar todavía a los "verdugos" de esa etapa.

Heridas reabiertas

Las asociaciones en defensa de la Memoria Histórica creen que la decisión "reabre heridas". La Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica ha tachado de "agravio" a las víctimas del franquismo y de la dictadura la decisión del Supremo. En un comunicado, esta asociación ha calificado de "infame" esta querella contra el juez, por investigar "los crímenes contra la humanidad" cometidos por el régimen militar de 1936 a 1975, ya que, a su juicio, también los desaparecidos tienen derecho a la tutela judicial efectiva que Garzón intentó aplicar a petición de los familiares.

El presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria Histórica, José María Pedreño, explicó a Informativos Telecinco, tras conocer la decisión del Alto Tribunal, que la decisión del Supremo "es inicialmente un ataque político" que supone un "nuevo golpe a las asociaciones para que la cosa quede en una simple cuestión nostálgica". Mantiene que "en las instituciones aún hay mucho franquista y herederos del franquismo". "Es un problema de Estado y no se está haciendo Justicia", sentenció Pedreño.

Posible inhabilitación

Ante estas reacciones a la querella presentada por su sindicato, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, señala que la decisión "de política no tiene nada. Son estas asociaciones las que lo han querido politizar. Nos hemos circunscrito al aspecto técnico. Se trata de una querella contra una acción de Baltasar Garzón que no se ajusta a derecho y que incide en el delito de prevaricación". Además ha indicado que "la decisión de los jueces no es política, es profesional porque en el supremo hay de todo, tanto jueces progresistas como conservadores". Para Bernard, ex dirigente del disuelto partido Frente Nacional, presidido por Blas Piñar, Garzón "ha querido ser como siempre el juez estrella y postularse como presidente del Tribunal (de Derechos Humanos) de La Haya".

La mayoría de los portavoces de las asociaciones judiciales creen que la querella acabará archivándose. Sin embargo, Bernard está convencido de que "tiene un 99 por ciento de posibilidades de prosperar porque está bien fundamentada. Si prospera supondría una inhabilitación de entre 10 y 20 años del juez, de por vida. Sería el final de la vida como juez de Baltasar Garzón", explica.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Gimeno, espera que el Supremo archive el asunto y opina que "los hechos que sucedieron sobre la Memoria Histórica no se corresponden con exactitud con los contenidos en la querella" de Manos Limpias. Gimeno ha recordado que la actuación de Garzón pasó "el filtro de la Audiencia Nacional" y aparentemente no presenta caracteres de delito. "Lo vieron muchos miembros del tribunal y nadie dijo que encontrara en la conducta de Garzón algo que pudiera ser delictivo", ha concluido.